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COMENTARIOS
DE LEGISLACIÓN
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.LA LEY ORGÁNICA DE TRATAMIENTO
AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL SE DESARROLLA EN EL ASPECTO DE SEGURIDAD EN LA
MANIPULACIÓN DE LOS DATOS . EL REAL DECRETO 994/1999, DE 11 DE JUNIO APRUEBA UN
NUEVO REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLANTAR EN LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE
CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ESTABLECIENDO PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NUEVA DISPOSICION. |
1.- El
Consejo de Ministros en su sesión de 11 de junio del presente año, a propuesta del
Ministerio de Justicia, ha aprobado un nuevo Reglamento por el que se instauran una serie
de medidas de seguridad en lo que respecta al manejo y tratamiento de los ficheros
automatizados de carácter personal, medidas que deben ser adoptadas por todos los
responsables de ficheros de esta clase en unos plazos determinados, según se trate, por
un lado, de sistemas de información ya implantados en los que el plazo varía desde seis
meses a dos años, según el carácter de la medida de seguridad a implantar, de aquellos
otros sistemas de información que, en funcionamiento, no permitan tecnológicamente la
adopción de dichas medidas, en los que el plazo se determina en tres años a contar desde
la entrada en vigor de la norma (20 días a contar desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, efectuada el 25 de junio de 1999.)
2.- Según reza la exposición de motivos de la norma, la misma
es promulgada con la finalidad de desarrollar los contenidos del artículo 9, en relación
con el artículo 43.3.h. de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre , sobre Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal, y tiene como misión principal la
determinación de las medidas, ya de índole técnica como organizativas que garanticen la
confidencialidad e integridad de la información, y ello al objeto de preservar el honor,
la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos personales, frente a
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El artículo primero de la
norma es lo suficientemente ilustrativo a este respecto : "el establecimiento de
medidas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas, así
como las personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos".
3.- Tras establecer una artículo dedicado a definiciones de
términos empleados a lo largo y ancho de la norma, el Reglamento, instaura, dependiendo
de tres factores específicos (naturaleza de la información tratada, mayor o menor
garantía de la confidencialidad e integridad de la información), tres niveles de
seguridad : nivel básico, nivel medio y nivel alto.
Significativo en este aspecto es la norma contenida en el
artículo 4 del Reglamento que, en atención a los criterios anteriormente referidos,
entiende que para todos los ficheros que contengan datos de carácter personal, las
medidas determinadas para el nivel básico resultan obligatorias. Además, cuando los
ficheros contengan datos relativos a comisión de infracciones administrativas , penales,
hacienda pública, o en general , para los ficheros cuyo funcionamiento se rija por el
artículo 28 de la Ley Orgánica ( es decir los de información sobre solvencia
patrimonial), se instaura la obligatoriedad de adopción de niveles de seguridad de grado
básico y medio. Unicamente, cuando se trate de ficheros en los que se contengan datos
relativos a la ideología, creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como
aquellos otros que contengan datos recabados para fines políticos sin consentimiento de
las personas afectadas, las medidas a implantar serán, además de las de nivel básico y
medio, las de nivel alto.
4.- Descendiendo al contenido concreto de las normas de
seguridad que se establecen hay que señalar que para los niveles básico y medio se
determinan unos requisitos de necesaria observancia, de entre los que destacamos:
- Documento de seguridad, elaborado por el responsable del
fichero que contiene la normativa de seguridad a seguir por todo el personal con acceso a
los ficheros, que debe de contar con una serie de especificaciones, entre ellas las
medidas y estándares para garantizar el nivel de seguridad , la especificación detallada
de los recursos protegidos, las funciones y obligaciones del personal, y la descripción
detallada de los ficheros así como la descripción de los sistemas de información que
los tratan, registro de incidencias, y procedimiento para la realización de las copias de
respaldo (copias de seguridad). En las medidas de nivel medio, además deberá este
documento contener la identificación del responsable o responsables de seguridad, así
como las medidas que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad implantadas y
las que hayan de adoptarse cuando el soporte vaya a ser desechado o reutilizado.
- Identificación y autenticación. El responsable del fichero
debe elaborar una relación actualizada de usuarios que tengan acceso autorizado al
sistema de información, así como establecer procedimiento de identificación y
autenticación para dicho proceso. (incluyendo un sistema de asignación, distribución y
almacenamiento de contraseñas, que deberán cambiarse con periodicidad)
- Control de acceso a determinar por el responsable del fichero
mediante mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a datos o recursos con
derechos distintos de los autorizados, debiendo constar esta circunstancia en la relación
de usuarios. En las medidas de grado medio se impone además, la necesidad de autorizar a
determinado personal el acceso a los locales donde se encuentren ubicados físicamente los
sistemas de información.
- Registro de incidencias. En el caso de medidas de grado
básico se contendrá el procedimiento y la persona que realiza la notificación y
gestión de las mismas. Para el caso de medidas de grado medio, deben consignarse en el
mismo los procedimientos de recuperación de datos, indicando la persona que ejecutó el
proceso etc..., siendo necesaria la autorización por escrito del responsable del fichero
en tales supuestos.
- Copias de respaldo y recuperación. El responsable del fichero
deberá verificar la definición y correcta aplicación de estos procedimientos que
deberán garantizar la recuperación de los datos y su reconstrucción. La copia de
respaldo deberá efectuarse, al menos semanalmente., salvo que en dicho período no se
hubiera producido ninguna actualización de los datos.
4.- Especial interés tiene en señalar que para las medidas de
grado medio se establece la necesidad de verificarse : 1) una
auditoría, interna o
externa que verifique el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento,
informe que, como indica el artículo 17, queda a disposición de la Agencia de
Protección de Datos ; 2) un sistema de gestión de soportes (entrada) que permita
conocer el tipo del mismos, la fecha, hora, emisor, número de soportes, etc..., así como
un sistema de salida y 3) las denominadas pruebas con datos reales, de las que la norma
entiende que las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información que traten con ficheros de datos de carácter personal no deben realizarse
con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tipo de
fichero tratado.
5.- La regulación contenida para las medidas de seguridad de
nivel alto, se circunscribe a cuatro aspectos concretos, cuales son :
- Distribución de soportes : Cuando estos contengan datos
de carácter personal se realizarán cifrando los datos o con cualquier otro mecanismo que
garantice que la información no sea inteligible ni pueda ser objeto de manipulación
durante el transporte.
- Registro de Accesos : De cada acceso ha de guardarse la
identificación del usuario, la fecha y hora, el fichero accedido, el tipo de acceso y la
autorización o denegación del mismo, ya que en caso de autorización será preciso
guardar la información que permita identificar el registro accedido. Los mecanismos
que permitan el registro de estas incidencias estarán bajo el control del responsable de
seguridad, siendo el período mínimo de conservación de tales registros el de cuatro
años.
- Copia de respaldo y recuperación. Se establece la obligación
de conservar una copia de respaldo y de los procedimientos de recuperación de los datos
en lugar distinto del que se encuentren los equipos informáticos.
- Telecomunicaciones. Se establece que la transmisión de los
datos debe hacerse de tal manera que los mismos se cifren o bien por cualquier otro
proceso que garantice que la información sea ininteligible y no pueda ser objeto de
manipulación por terceros.
4.- Caso de ser incumplidas o no observadas las disposiciones
anteriormente referidas, el reglamento se remite al procedimiento sancionador establecido
en la Ley de Protección de Datos, otorgando , además , competencias al Director de la
Agencia de Protección de Datos para dictar Instrucciones precisas para adecuar los
tratamientos automatizados a los principios de la Ley, así como para ordenar la
cancelación de los ficheros cuando no se cumplan las medidas de seguridad establecidas.
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| .REAL DECRETO 1108/ 1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE
SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. |
Mediante el
Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, el Gobierno ha venido a regular el sistema de
cuenta corriente en materia tributaria, por el que se pretende facilitar y agilizar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para ello, se crea un mecanismo que permite
la compensación de las deudas y créditos tributarios que un mismo sujeto pasivo tenga
con la Hacienda Pública, con la finalidad de evitar pagos y cobros continuos, resultando
al final un saldo de la cuenta corriente tributaria, el cual se determinará
trimestralmente.
Únicamente podrán acogerse al sistema de cuenta corriente tributaria
quienes ejerzan actividades empresariales o profesionales y deban prestar periódicamente
declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido y por retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto de Sociedades.
Además, el importe de los créditos reconocidos durante el ejercicio inmediatamente
anterior al de la solicitud de la cuenta corriente debe ser equivalente, al menos, al 40 %
de las deudas tributarias devengadas durante dicho ejercicio. Como último requisito, los
solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
En cuanto a qué créditos o deudas son objeto de anotación en la
cuenta corriente a efectos de su compensación, se establece que lo serán los derivados
del IRPF, IVA y del Impuesto de Sociedades. No obstante, no podrán ser objeto de
anotación los créditos y deudas cuyas declaraciones-liquidaciones se hayan presentado
fuera de plazo, las deudas cuya liquidación haya sido practicada directamente por la
Administración Tributaria, así como las deudas devengadas en concepto del IVA en las
operaciones de importación.
Para acogerse al sistema de cuenta corriente tributaria, el interesado
deberá presentar una solicitud, durante el mes de octubre del año inmediatamente
anterior a aquel en el que el sistema de cuenta corriente deba surtir efecto, y ante el
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de su domicilio fiscal. La
solicitud, que ha de ser motivada, deberá resolverse en un plazo de tres meses,
transcurrido el cual, se entenderá desestimada la solicitud, pudiendo interponerse
recurso o reclamación. La duración del sistema de cuenta corriente será indefinida,
finalizando únicamente en los casos de renuncia del sujeto pasivo o de revocación por la
Administración.
En cuanto al funcionamiento del sistema de cuenta corriente, los
créditos y débitos objeto de anotación no serán exigibles individualizadamente durante
la vigencia de la cuenta corriente, sino únicamente por el saldo resultante tras la
liquidación. Se extinguirán, por tanto, los créditos y deudas tributarias por
compensación, surgiendo un nuevo crédito o deuda tributario, por el importe del saldo
deudor o acreedor de la cuenta. Este saldo de la cuenta se determinará trimestralmente,
esto es, los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre,
notificándose al sujeto pasivo el crédito o deuda tributaria resultante.
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| .ORDEN DE 4 DE MARZO DE
1999, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE
UTILIZACIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS.
DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE VALENCIA NUMERO 3494, DE 13 DE MAYO DE 1999. |
El uso de
sustancias y especialidades farmacéuticas estupefacientes esta reglamentado en España
desde 1918 por diversas normas de carácter nacional e internacional, de estas cabe
destacar la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, posteriormente modificada por
el Protocolo de 1972. Ambos son convenios internacionales suscritos y ratificados por
nuestro país. A nivel estatal, la Ley 17/1967, de 8 de abril, establece las normas
reguladoras de carácter general, actualmente vigentes, en materia de estupefacientes.
Dicha ley obliga a la existencia de una receta u orden medica para la dispensación de
estos medicamentos y a un buen uso y control de los mismos por los distintos centros
sanitarios entre los que se encuentran, evidentemente, los hospitales. La Ley 25/1990, de
20 de diciembre, del Medicamento, dedica su articulo 41 a los estupefacientes y
psicótropos, determinando que los primeros se regirán por el contenido de esta Ley y por
su legislación especial, por lo que los servicios de farmacia hospitalaria deben
establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de estos medicamentos, tomar las
medidas para garantizar su correcta administración y velar por el cumplimiento de su
legislación especifica. En los últimos años se ha producido un notable aumento en la
utilización de
medicamentos estupefacientes, sobre todo, tras la autorización de especialidades
farmacéuticas con morfina para administración oral. Por otra parte, la nueva estructura
de la asistencia especializada con la puesta en funcionamiento de las unidades de
hospitalización domiciliaria y los sistemas automatizados de dispensación
individualizada, hacen necesario establecer unos procedimientos para el uso hospitalario
de estos medicamentos. Por ello, se ha considerado oportuno dictar la presente norma en la
que se contienen una serie de medidas que permiten ejecutar la legislación del estado en
materia de estupefacientes de forma adecuada y a su vez facilitan los tramites necesarios
para la prescripción, dispensación y control de estos medicamentos, de acuerdo con el
marco competencial establecido en los artículos 31.19 y 38.1 y 38.3 de la Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
En base a lo cual,
ORDENO
Articulo 1.-La utilización y control de medicamentos que contengan
sustancias estupefacientes incluidas en la Lista I de la Convención Unica de
Estupefacientes de 1961 y ulteriores modificaciones, se realizara en los hospitales de la
Comunidad Valenciana de acuerdo con lo dispuesto en la presente orden.
Articulo 2.- La adquisición de estupefacientes a proveedores se efectuara por el Servicio
de Farmacia del Hospital, de acuerdo con la legislación vigente, haciendo uso de
talonario oficial de vales de adquisición del Ministerio de Sanidad y Consumo,
consignando las adquisiciones en el libro oficial de contabilidad
de estupefacientes o en un programa informático de control de estupefacientes previamente
validado por la Conselleria de Sanidad. Los estupefacientes deberán ser custodiados en
armario de seguridad.
Articulo 3.- La dispensación de medicamentos estupefacientes en los centros
hospitalarios, requerirá de una prescripción medica y comprenderá a pacientes en
hospitalización convencional, en hospitalización de día, en hospitalización
domiciliaria y, cuando se determine que se va a efectuar el alta hospitalaria,
comprenderá la medicación mínima e imprescindible para garantizar el tratamiento hasta
que el paciente pueda acudir a su medico de atención primaria. Esta dispensación se
podrá realizar por una de las tres
formas siguientes:
a) Dosis unitarias.
b) Botiquín controlado manual en servicios médicos, quirúrgicos, centrales y
quirófanos.
c) Sistemas automatizados de dispensación individualizada.
Articulo 4.-1. La dispensación de medicamentos estupefacientes en
dosis unitarias a un paciente requerirá de la presentación previa de una receta medica
cumplimentada por el medico responsable del tratamiento. La validez de esta prescripción
será de siete días como máximo, transcurridos los cuales deberá efectuarse una nueva
prescripción si se considera necesario continuar el tratamiento.
2. Las recetas medicas deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1.910/1984,
de 26 de Diciembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, de receta medica, debiendo
figurar, en todo caso, los datos siguientes:
a)Nombre y apellidos del paciente, numero de cama y numero de historia
clínica.
b) Medicamento prescrito, con indicación de la forma farmacéutica,
dosis, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento.
c)Nombre y apellidos del medico prescriptor y servicio al que
pertenece.
d)Numero de colegiado.
Firma y fecha, que deberán ser estampadas personalmente y después de
cumplimentados los datos anteriores.3. Dentro del periodo de validez de la prescripción,
la dispensación a través de dosis unitarias requerirá la cumplimentación de un
documento que justifique la dispensación y administración del medicamento. A estos
efectos se considerara la dispensación de una sola dosis unitaria.
Articulo 5.-La dispensación de medicamentos estupefacientes por botiquines controlados en
servicios médicos, quirúrgicos, centrales y quirófanos, requerirá la presentación de
los documentos siguientes:
a. Vale de reposición de stock, según modelo anexo I de esta orden, el cual deberá
incluir, como minimo, la información siguiente:
a.1 Numero del vale.
a.2 Hospital.
a.3 Servicio medico, quirúrgico, central o quirófano.
a.4 Nombre, apellidos y numero de colegiado del medico responsable.
a.5 Nombre, apellidos del paciente.
a.6 Ubicación (numero de cama, historia clínica, etc.).
a.7 Nombre del estupefaciente, forma farmacéutica y dosis.
a.8 Numero de unidades (en letra) de dosificación.
a.9 Fecha y firma del medico responsable.
a.10 Sello del servicio medico, quirúrgico, central o quirófano.
El numero de unidades que se solicite corresponderá como máximo al
tratamiento de siete días.
b) Documento que acredite la existencia de un control de la administración, según modelo
anexo II de esta orden y que se adjuntara al anexo I para su reposición, ambos anexos
podrán formar parte de un mismo documento. La cumplimentaron de esta documentación
podrá llevarse a cabo por medios
informáticos previamente validados por la Conselleria de Sanidad.
Las unidades clínicas sujetas a este sistema de dispensación deberán
contar con armario o caja de seguridad, de capacidad suficiente a las necesidades de
almacenaje, que ofrezca las garantías necesarias de seguridad.
Articulo 6.- El sistema automatizado de dispensación de
estupefacientes garantizara su custodia y generara una documentación que permita
identificar el equipo utilizado, fecha y hora de utilización, unidades dispensadas,
paciente objeto de la administración, medico prescriptor y profesional autorizado que
hace uso del equipo en todos los aspectos contemplados en los artículos 4 y 5 de esta
orden y que podrá sustituir al anexo I.
Articulo 7.-Para el control efectivo de las dispensaciones efectuadas,
los servicios de farmacia hospitalaria contaran, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, con un libro oficial de contabilidad de estupefacientes el cual
podrá ser sustituido por un programa informático previamente validado por la Conselleria
de Sanidad, que deberá permitir la obtención de listados en los que vengan consignados,
como minimo, los datos contemplados en el citado libro oficial de contabilidad de
estupefacientes. Estos listados deberán obtenerse una vez al mes, utilizando papel
previamente oficializado por la Conselleria de Sanidad, archivándose para posibles
consultas durante el periodo legalmente establecido. Además, durante los primeros quince
días naturales de cada semestre, los servicios de farmacia hospitalaria deberán remitir
a la dirección territorial de sanidad de su provincia la relación de los movimientos de
estupefacientes habidos en el semestre anterior, cumplimentando los datos contenidos en el
modelo de impreso facilitado por dicha dirección territorial.
Articulo 8.1. Para el desarrollo de la presente orden se establecerá a propuesta del
Servicio de Farmacia hospitalaria, en el plazo de dos meses, y por los cauces
reglamentarios, una normativa interna de la gerencia/dirección del hospital, de obligado
cumplimiento según las exigencias del control de los
estupefacientes en su ámbito de actuación que contemple las responsabilidades de los
diversos
estamentos profesionales implicados.
2. Por la gerencia/dirección del hospital se dotara a las distintas
unidades clínicas afectas por la presente orden de medios para su adecuado cumplimiento.
DISPOSICION ADICIONAL
Esta norma será de aplicación a los servicios de farmacia de los
centros sociosanitarios de conformidad con lo establecido en los articulo 48 y 49 de la
Ley 6/1998, de 22 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación Farmacéutica de
la Comunidad Valenciana.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en esta orden.
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al director general de Atención Primaria y Farmacia, y al director general de
Atención Especializada para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la
presente orden.
Segunda
Esta orden entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana.
Firmado el 4 de marzo de 1999
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EL INSALUD ADOPTA UNA
RESOLUCION, POR SU PRESIDENCIA
EJECUTIVA, EN RELACION A LA TOMA DE MEDIDAS TENDENTES A SOLVENTAR EL "EFECTO DEL AÑO
2000" EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APARATOS MEDICOS. |
Aunque el Insalud asegura
que el 1 de Enero del 2000 ofrecerá los mismos servicios que cualquier otra jornada, lo
cierto es que ni éste ni ninguna de las otras comunidades con competencias sobre Sanidad,
tienen conocimientos sobre qué aparatos de uso Clínico, en los que intervienen
microprocesadores, pueden fallar por el llamado "efecto 2000".Bajo el nombre de "efecto del año
2000" se esconde el problema de fallos en dispositivos que usan microprocesador.
Básicamente el problema del cambio al 2000 es la incapacidad de los sistemas, que
trabajan de una u otra manera con los denominados Real Time Clocks /CMOS memory
(RTC, CMOS, RTC/CMOS) y BIOS, de operar correctamente ante el inminente cambio de fecha, sumados
a la incapacidad de algunos: Softwares, Programas de Aplicaciones y Sistemas Operativos de
manejar el cambio de fecha. Los problemas que se pueden presentar de tener equipos y/o
softwares con RTC/CMOS y/o BIOS, Sistemas Operativos y Softwares que no pasan los chequeos
del año 2000 son variados y no necesariamente los mismos en cada sistema. Comienzan desde
un posible error en la fecha ( lo cual en sistemas contables es de suma importancia ),
como posible paralización de: Equipos, Maquinas de Fax, Ascensores, Sistemas de Alarma,
Equipos Electrónicos del Hogar, Temporizadores, A/A, hasta la paralización de un Proceso
de Producción completo o de un Servicio Público.
Los equipos usan Real Time Cloks / CMOS memory (
RTC, CMOS, RTC/CMOS )
y BIOS son en general todos aquellos equipos y sistemas que usan componentes electrónicos
que requieren para sus funciones información de fecha/tiempo, aunque esto no sea obvio
para el usuario: Computadoras, Controladores, Automatismos, Computadoras Personales,
Maquinas de Fax, sistemas de control en los transportes públicos (metro, ferrocarril,
aeropuertos), laboratorios, semáforos, suministro eléctrico, telefónico, Oficinas
Públicas, Compañías de Servicios Públicos, Comunicaciones, Bancos, Compañías
Privadas Informatizadas y/o con Sistemas Automatizados, Controles Automáticos,
Laboratorios en General, Clínicas, Hospitales, Computadoras Personales, etc.
En el Sistema Sanitario Español existen multitud de aparatos
Sanitarios con un elevado riesgo de sufrir los problemas causados por el llamado
"efecto del año 2000", los cuales no solo podrían dejar de funcionar, sino que
en algunos casos su funcionamiento no sería el adecuado. Este problema sería gravísimo
para el paciente en casos como: unidades de anestesia, aceleradores lineales, sistemas de
medicina nuclear, etc. En otros el daño causado al paciente sería a largo plazo por sus
efectos (ver cuadro)
La consejería de Sanidad de Cataluña ha dado una serie de
recomendaciones para profesionales, sobre los riesgos que determinados equipos pueden
causar al paciente ante una disfunción, en este caso provocada por el "efecto
2000".(www.aatm.es/)
Muchos fabricantes, sobre todo las multinacionales, ofrecen en sus
paginas WEB, listas de los equipos susceptibles de tener fallos, e incluso proporcionan de
manera gratuita soluciones para dispositivos de cualquier clase.
Ante la importancia del problema planteado, la Presidencia Ejecutiva
del INSALUD ha dictado una Instrucción que intenta establecer, a través de una comisión
denominada "efecto 2000" soluciones con la finalidad de corregir y evitar las
perniciosas consecuencias de ese efecto informatico. (VER INSTRUCCIÓN).
Que duda cabe que además, el problema se ve incrementado con la
implicación que ante el fallo o defecto de funcionamiento del aparato médico, se genera
en orden a la responsabilidad tanto de la Institución sanitaria como, en su caso, de los
proveedores o empresas encargadas de su funcionamiento.
TABLA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
MEDICOS SUSCEPTIBLES DE SUFRIR FALLOS..
EQUIPOS USADOS PARA
SOPORTE VITAL |
EQUIPOS USADOS PARA
DIAGNOSTICOS |
- UNIDADES DE ANESTESIA
- VENTILADORES
- VAPORIZADORES
- MONITORES DE GLUCOSA SANGUINEA
- SISTEMAS DE BRANQUIOTERAPIA
- DESFIBRILADORES
- MONITORES DE APNEA
- SISTEMAS DE RADIODIAGNOSTICO
- MONITORES FETALES
- UNIDADES DE DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR
- UNIDADES DE HEMODIALISIS
- SISTEMAS QUIRURGICOS GUIADOS POR IMAGEN
- BOMBAS DE INFUSION
- ACELERADORES LINEALES
- SISTEMAS DE MEDICINA NUCLEAR
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- SCANNERS
- REGISTRADORES ECG AMBULATORIA
- SISTEMAS DE TELEMETRÍA
- DETECTORES DE FLUJO SANGUINEO
- ANALIZADORES DE GASES Y PH
- EQUIPOS DE LABORATORIOS CLINICOS
- SISTEMAS DE TOPOGRAFIA OPTICA
- ANALIZADORES DE MOVILIDAD ESOFAGICA
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
- ANALIZADORES RADIOINMUNOLOGICOS
- SISTEMA DE ENDOSCOPIA EN VIDEO
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Indice de
Novedades
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| EL PLENO DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL APRUEBA EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE EXTRACCION Y
TRANSPLANTE DE ORGANOS |
El Pleno del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) ha aprobado el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 426/1980 en desarrollo de la Ley 30/1979 sobre extracción y trasplantes de
órganos propuesta por el Ministerio de Sanidad.
El CGPJ pone énfasis en la necesidad de desarrollar reglamentariamente tanto los
supuestos de fallecimiento por parada cardiorrespiratoria como de donación por muerte
cerebral. También hace especial hincapié en que la realización de técnicas
preparatorias sobre los órganos se ponga inmediatamente en conocimiento del juez.
En este sentido, el CGPJ señala que el Real Decreto 426/1980 reglamentaba tan sólo la
obtención de órganos viables para el trasplante por fallecimiento en situación de
muerte cerebral, reconociendo la necesidad de actualizar la normativa en esta materia, y
de regular la donación de órganos tanto de donante vivo, como de donante fallecido en
situación de muerte cerebral o por parada cardiorrespiratoria (asistolia), tal y como
establece el nuevo Proyecto de Reglamento sobre Trasplantes.
El informe del CGPJ destaca que la regulación de órganos de donante vivo introduce
mejoras técnicas para especificar el supuesto en el que haya relación de parentesco
entre donante y receptor, con el fin de aplicar en estos casos los principios
generales de gratuidad en la donación y de anonimato. Respecto a la regulación de
donaciones de órganos de donante fallecido, señala que la Ley 30/1979 de Trasplantes
establece como posibilidad general la utilización en caso de muerte, salvo expresa
oposición en vida del donante, y regula especialmente el supuesto de muerte cerebral,
recordando que el Reglamento de 1980 solamente desarrolla este último supuesto. Sin
embargo, el informe del Consejo General del Poder Judicial matiza que ambos supuestos, el
genérico de fallecimiento (incluido muerte por parada cardiorrespiratoria o donación en
asistolia) y el de muerte cerebral pueden y deben ser objeto de desarrollo reglamentario.
En cuanto a la intervención del juez en la utilización de órganos de donante fallecido,
el CGPJ recalca que el proyecto pretende facilitar la disponibilidad de órganos,
incluyendo expresamente la donación en asistolia, y que aunque reconoce que es un
supuesto más frecuente que el de muerte cerebral, y por tanto una fuente potencial de
órganos mayor, requiere la máxima urgencia en la aplicación de técnicas preparatorias
de órganos, y autorización expresa del juez de instrucción cuando no se han certificado
las causas del fallecimiento.
Respecto a las técnicas preparatorias, el
informe del CGPJ propone que su realización se realice antes de que se produzca la
autorización judicial, pudiéndose extraer muestras, y que sea inmediatamente puesto en
conocimiento del juez, por si considera necesario, "en función de las circunstancias
del caso y con ayuda del forense", establecer determinadas condiciones en cuanto a su
aplicación, "dada la trascendencia procesal y probatoria que en todo caso pueden
llegar a tener las muestras, y para no perjudicar la investigación".
En lo que se refiere a la autorización judicial, sin embargo, el informe estima que el
proyecto cuenta con la necesaria base legal cuando especifica su necesidad tanto en muerte
por accidente como cuando no se haya certificado la causa del fallecimiento y que completa
la previsión legal, que solamente se refiere a muerte por accidente.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN:
Indice de
Novedades
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| NOVEDADES
FISCALES INTRODUCIDAS POR DIFERENTES DISPOSICIONES PARA EL AÑO 1999 |
Con la
aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo Reglamento del Impuesto sobre las
Personas Físicas, se ha cerrado el ciclo de una serie de novedades legislativas previstas
para el presente año 1999, que, en principio, va a suponer un relativo descanso en lo que
respecta a reformas legislativas y nuevas normas tributarias.
Como consecuencia de la promulgación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la
Ley de Acompañamiento y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se recogen, a continuación, algunos aspectos que consideramos de interés, que
afecta a materias como:- Interés
Legal.
- Actualización de valores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre el Patrimonio.
- Exenciones por reinversión.
- Requisitos y cuantía de la bonificación de inicio de actividad empresarial en el
Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Renta disponible, minimo vital en relación con el mínimo familiar.
- Tratamiento de los rendimientos de conferencias, coloquios, seminarios, dietas y
asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción y gastos de estancia
y manutención.
- Gastos deducibles.
- Alquileres de inmuebles.
- Deducción de Vivienda Habitual.
- Gestión y Liquidación del Impuesto.
(MAS
INFORMACION)
Indice de Novedades
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| GALICIA
REGULARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO |
La Xunta de Galicia ha
preparado un proyecto de Decreto por el que se regula el consentimiento informado en los
pacientes de los centros propios y concertados del Servicio Gallego de Salud, sin extender
su regulación, por tanto, al sector sanitario privado.
La mayor parte del articulado se refiere en
realidad al derecho a la información como requisito previo al consentimiento, aunque sin
detenerse en ningún momento en la información a lo largo del tratamiento, la denominada
información terapéutica.
El Decreto regula los sujetos de la información, la renuncia,
delegación e incapacidad para recibir la información y la información a menores o
incapaces, las características de la información en forma, cantidad y claridad, tiempo y
contenido y especialmente el documento del consentimiento informado, instituyendo además
una Comisión del consentimiento informado, de la que están por cierto ausentes los
Colegios de Médicos, encargada de adoptar un protocolo del consentimiento informado,
procurar su implantación y asesorar a la Administración en esta materia.
Indice de Novedades
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| CONVALIDACIÓN
DEL REAL DECRETO LEY SOBRE SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
Con la convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley
1/1999, que vino a sustituir al anulado Real Decreto 118/1991, regulador del acceso a la
condición de personal estatutario y de la provisión de plazas vacantes en el Sistema
Nacional de Salud se confirma, a falta de su publicación en el B.O.E., la vigencia de la
norma, ya que la pregunta que han tenido que contestar los diputados es si el Real Decreto
Ley se convalidaba o se derogaba, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y
151 del Reglamento del Congreso.
La Cámara ha decidido además tramitar el Real Decreto Ley como Proyecto de Ley, lo que
implica que, como ya sucedió con la Ley de Colegios Profesionales se abra el
procedimiento legislativo de urgencia, que tiene la particularidad de que no son
admisibles las enmiendas a la totalidad ni las enmiendas de devolución.
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| PROYECTO DE REAL
DECRETO SOBRE SISTEMA EXCEPCIONAL DE ACCESO AL TITULO DE MEDICO ESPECIALISTA |
| COMENTARIOS POR RICARDO
DE LORENZO
El Real Decreto que permitirá obtener el título de médico
especialista a los médicos especialistas sin título se encuentra ya en muy avanzado
estado de tramitación.
Al amparo de la nueva norma podrán obtener por una sola vez, para un solo título
y durante un solo año el título de médico especialista aquellos licenciados en medicina
antes del 1 de enero de 1995 que hayan completado un ejercicio profesional específico de
la especialidad en Centros o Instituciones Sanitarias durante un periodo mínimo
equivalente al 150 por ciento del periodo establecido para la formación en la
especialidad de que se trate y que, además, posean una formación equivalente y semejante
realizada al MIR en Centros Sanitarios Públicos, colaboradores o concertados o
acreditados para la docencia. Para las especialidades que no requieren básicamente
formación hospitalaria (estomatología, hidrología, medicina de la educación física y
deporte y medicina legal y forense), no es necesario que el ejercicio profesional se
hubiera desarrollado en centros e instituciones sanitarias ni que la formación se hubiera
obtenido total o parcialmente en Centros Sanitarios Públicos colaboradores concertados o
habilitados para la docencia.
La medicina de familia y comunitaria seguirá rigiéndose por sus normas
específicas y se establecen procedimientos especiales para el acceso al título en la
especialidad de medicina preventiva y salud pública, que se otorgará a los funcionarios
y personal estatutario con seis años de servicios efectivos en determinadas áreas, y
para la medicina del trabajo, a cuyo título podrán acceder los médicos de empresa y los
médicos de sanidad marítima del Instituto Nacional de la Marina que acrediten cinco
años de ejercicio profesional.
El procedimiento, que se tramita a través del Ministerio de Educación y Cultura
consta de varias fases. En una primera, una Comisión mixta examinará las solicitudes y,
previo informe de la Comisión Nacional de la Especialidad decidirá quienes pueden pasar
la fase siguiente o quienes quedan excluidos del procedimiento por no reunir los
requisitos establecidos.
Los expedientes de los primeros serán evaluados por un Tribunal que los
clasificará en aptos y directamente propuestos para la obtención del título o
propuestos para la defensa oral y pública de su curriculum ante el Tribunal. Tras esta
exposición, las calificaciones pueden ser de aptos y propuestos directamente para la
expedición del título, propuestos para la prueba de evaluación y competencia
profesional y no aptos.
Los propuestos para la prueba serán calificados en aptos y no aptos. Éstos
últimos tendrán derecho a someterse a una nueva prueba en el plazo de doce meses cuyo
resultado será definitivo.
Por último, los extranjeros que hubieran obtenido el título de especialista sin
validez profesional y obtengan la nacionalidad española u otra nacionalidad comunitaria,
accederán directamente al título de médico especialista.
Además de establecer el procedimiento para la expedición del título, el Real
Decreto suprime la especialidad de medicina espacial y cambia la denominación de las
especialidades de anestesiología y reanimación por anestesiología, reanimación y
terapia del dolor, la de cirugía plástica y reparadora por cirugía plástica, estética
y reparadora, la de microbiología y parasitología por microbiología clínica,
radiodiagnóstico por radiología, rehabilitación por medicina física y rehabilitación,
traumatología y cirugía ortopédica por cirugía ortopédica y traumatología, e
hidrología por hidrología médica.
El Real Decreto constituye ciertamente un avance en las legítimas aspiraciones del
colectivo mestho ante la clara insuficiencia de la regulación del Real Decreto de 5 de
Agosto de 1994, flexibilizando algún requisito y ampliando hasta los licenciados
anteriores al 1 de Enero de 1995 las posibilidades de obtención del título. La exigencia
de una prueba práctica y la intervención de organismos diversos en un procedimiento
administrativo que puede complicarse aconsejan una prudente espera de los frutos de la
nueva norma.
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APROBADO EL
REAL DECRETO-LEY 1/1999 DE 8 DE ENERO SOBRE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO Y
PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Ministros del 8 de enero de 1999
ha aprobado el Real Decreto-Ley 1/1999 sobre selección de personal estatutario y de
provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en
sustitución del Real Decreto 118/1991, declarado nulo por la Sentencia del Tribunal
Supremo del 1 de diciembre de 1998, a su vez consecuencia de la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 34.4 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 1990, norma con rango de ley que proporcionaba la cobertura
jurídica al Real Decreto, y que fue anulada por Sentencia del Tribunal Constitucional de
15 de Octubre de 1998.
Al margen de esa declaración, la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley se basa en
dos justificaciones que analizar: la necesidad de dotar de cobertura jurídica a la
convocatoria excepcional de concurso de traslados y concurso-oposición prevista en la Ley
de Acompañamiento para 1998, y el avanzado proceso de negociación del Estatuto Marco,
con lo que el Real Decreto-Ley tendría una vigencia meramente provisional y transitoria.
Desde el punto de vista del proceso selectivo en curso, la justificación es muy pobre.
Primero, porque el proceso selectivo en curso es sólo de facultativos especialistas de
área, y el Real Decreto-Ley aprovecha para modificar el entero sistema de cobertura de
vacantes, tanto para facultativos especialistas de área, como para jefes de sección y de
servicio, puestos de carácter directivo, coordinadores de equipos de atención primaria y
facultativos de atención primaria, y tanto para personal facultativo, como para personal
sanitario no facultativo, como para personal no sanitario, y se extiende a otras materias
como situaciones, reingresos de excedencia y plazas vinculadas. Y segundo porque se toca
sin decirlo el arduo problema de la Ley de Acompañamiento en general y, muy
especialmente, cuando trata de regular cuestiones básicas de los servidores públicos.
Con esta justificación, el Real Decreto-Ley no sería válido, ni en lo que se refiere al
sistema general de provisión de vacantes, ni a las materias que no tienen relación con
el proceso selectivo en curso, que no se rige por el Real Decreto 118/1991, sino por la
Ley de Acompañamiento y disposiciones de desarrollo.
Además, basar la justificación en el estado de tramitación del Estatuto Marco no es de
recibo porque ni los interlocutores del Gobierno en esta cuestión consideran que tal
estado de tramitación sea ni mucho menos avanzado, ni de ser así, se justificaría, sino
todo lo contrario, el recurso al Real Decreto-Ley.
Por último cabe advertir que el Real Decreto Ley tiene carácter excepcional y está
sometido a límites estrictos. Según el artículo 86 de la Constitución, acudir al Real
Decreto Ley sólo es posible en caso de extraordinaria y urgente necesidad y no podrá
afectar a los derechos, deberes y libertades básicas de los ciudadanos. A la pobre
justificación de las razones de necesidad y urgencia se une pues la prohibición de
legislar por Decreto-Ley sobre materias que inciden en derechos fundamentales. Pues bien,
el artículo 2.1 del Real Decreto-Ley, como el artículo 2.1 del Real Decreto 118/1991
cuando menos afectan al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública
garantizado en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución como derechos fundamentales y
que se citan en dichos artículos.
Por lo demás, el Real Decreto-Ley es prácticamente idéntico a su antecedente y se
limita a ampliar las facultades de la Administración en la selección de su personal
dejando a las convocatorias sin predeterminación legal suficiente la normación de
aspectos fundamentales de los procesos selectivos, como la determinación de las plazas
que se reservan para el sistema de promoción interna y su puntuación, plazos de cese y
tomas de posesión. La novedad, sin justificación en la exposición de motivos es la
derogación de la Orden de 5 de febrero de 1985 sobre promoción a los puestos de Jefe de
Servicio y Jefe de Sección que, pura y simplemente, queda sin regular, ni en su acceso,
ni en el sistema de evaluación cuatrienal.Indice de Novedades |
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