Las conclusiones del informe jurídico que determina que este organismo
no puede delegar la acreditación oficial de la formación continuada no admiten ningún
género de duda: sí a la descentralización territorial y no a la descentralización
funcional". Con estas palabras, Jesús Ramírez, presidente de la Comisión Nacional
de la Formación Continuada, reafirma la voluntad de Sanidad de atenerse al dictamen
efectuado por la Abogacía del Estado, aunque reconoce que está dispuesto a seguir
colaborando con las sociedades científicas y con los colegios de médicos. Según
Ramírez, por el momento, "nada está cerrado, pero sí paralizado", con lo que
deja una puerta abierta a futuras negociaciones.
A pesar de este talante conciliador, Ramírez también hace referencia a su
imposibilidad para comprender la postura que han adoptado algunas sociedades científicas.
"No tiene ninguna justificación, ya que se les está ofreciendo un servicio que es
problemático de llevar a cabo de manera gratuita, con celeridad. No sé qué poder creen
estas organizaciones que podrían tener si se les traspasa la capacidad para acreditar
–prosigue-, y desde mi punto de vista no sería conferirles poder, sino problemas, ya
que tendrían que montar una estructura complicada de comités de acreditación así como
ser receptores de todas las quejas de las entidades a las que no se les acredita".
Ramírez reconoce que tampoco entiende por qué algunas de estas entidades han convertido
la acreditación en uno de los aspectos nucleares de su actividad, "cuando yo creo
que la parte nuclear de una sociedad científica es la formación, el contenido
científico". Además, desde el punto de vista del 
ciudadano y del profesional sanitario, "tampoco
parece muy aconsejable que una sociedad científica se coma y se guise todo, resultando
mucho más imparcial que sea la Administración la que se encargue de determinar qué
actividades pueden ser acreditadas y cuáles no".
Pero lo cierto es que el mencionado informe cayó como un jarro de agua fría tanto
para la Organización Médica Colegial (OMC) como para la Federación de Asociaciones
Científico-Médicas de España (Facme). Así, Joaquín Potel calificó la noticia de
"muy decepcionante", y más teniendo en cuenta que, meses atrás, ya había
mostrado su malestar por el retraso del proyecto. Así, a finales de noviembre manifestaba
que "la gente está muy inquieta porque el proyecto se está dilatando mucho en el
tiempo. El sistema puesto en marcha decidió en un principio acreditar los cursos ya
existentes, pero esto ya está lo suficientemente asentado y ahora hay que tratar la
delegación", delegación que finalmente fue abordada en la última reunión de la
Comisión de Formación Continuada con la lectura del documento. "En verdad
–continua- supone un quebranto, tanto en cuanto nuestra federación había trabajado
mucho en esta dirección. De hecho, hay un grupo de trabajo cuyas tareas hemos tenido que
paralizar".
Duro revés
Este dictamen también ha significado un duro revés para la Organización Médica
Colegial (OMC), que estaba trabajando en un ambicioso proyecto para crear un ente
acreditador de formación continuada en el que quedarían aglutinados los colegios, las
facultades, las sociedades científicas y el Consejo Nacional de Especialidades. Según
los planes de la OMC, uno de los objetivos prioritarios de este ente hubiera sido
conseguir que la Administración delegara en él la acreditación de actividades de
formación continuada con el sello oficial. De cualquier manera, a pesar del empeño de la
OMC en sacarlo adelante, la Facme lo había desestimado por considerar que los colegios
"están demasiado politizados", en palabras de Potel.
El informe jurídico en cuestión, elaborado por la Abogacía del Estado, fue encargado
por la Comisión Nacional de Formación Continuada ante las presiones de las sociedades
científicas y de los colegios de médicos. En dicho documento se recoge que la
acreditación oficial no puede delegarse. En palabras de Jesús Ramírez, presidente de la
Comisión Nacional de Formación Continuada, "la razón de solicitar este informe se
debe a la demanda de las sociedades científicas y de los colegios de médicos por
erigirse en entes acreditadores, de manera que se encarga para analizar si la comisión
nacional está capacitada para delegar dicha acreditación".
La respuesta fue negativa. "En el documento se contempla de una forma clara que
todo lo relativo a la ejecución y a la tramitación de la acreditación puede
descentralizarse territorialmente, pero no funcionalmente", según Ramírez. Así,
ésta ha de ser realizada por el Ministerio de Sanidad y los organismos correspondientes
de las diferentes comunidades autónomas, sí bien en este último caso los límites de
sus actuaciones se circunscriben al de sus zonas geográficas. "El convenio se
refiere de una forma muy clara y precisa a que cada comisión autonómica de formación
continuada podrá expedir la acreditación, exclusivamente, -prosigue- para 
el ámbito geográfico de esa
comunidad autónoma, y que cuando el ámbito de una actividad sea interautonómico o
simplemente escape de las fronteras de una comunidad autónoma, la encargada de su
tramitación será la comisión nacional".
En este sentido, Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en contar con un plan
de acreditación, al haber aprobado la Xunta recientemente el decreto por el que se regula
la organización del sistema acreditador de la formación continuada de los profesionales
sanitarios de la comunidad. Dicho decreto propiciará que la Comisión Autonómica de
Formación Continuada se convierta en un órgano asesor en esta materia de la Consejería
de Sanidad, así como en una entidad administrativa con competencias para la
acreditación, siempre y cuando se limite a su ámbito territorial y de acuerdo con las
bases aprobadas por la Comisión Nacional de Formación Continuada. Como subraya Ramírez,
"ésta última es la única que puede marcar los criterios generales por donde se ha
de mover la acreditación"
De esta manera, toda la acreditación que se lleve a cabo con carácter nacional debe
contar, obligatoriamente, con el visto bueno de la Administración. Por lo tanto, esta
asume la responsabilidad de tramitar todas las solicitudes así como la de evaluar la
acreditación , es decir, verificar que todo el proceso se lleva a cabo de una manera
correcta. De esta forma, las funciones de las sociedades científicas y de los colegios de
médicos quedan reducidas a la de impartir formación continuada, de manera que el hecho
de que el marco jurídico actual impida la emisión del aval de calidad, por otras
instituciones ajenas a las propiamente administrativas, dificulta el camino que se habían
trazado las organizaciones profesionales.
Futuras acciones
Por el momento, la Facme, como ha manifestado a la revista EL MEDICO su presidente, se
encuentra a la espera de mantener una reunión con el Ministerio para tratar más
detalladamente el tema, aunque no descartan convocar una Asamblea General Extraordinaria
de la federación o la elaboración de un informe jurídico propio.
Por su parte, Ignacio Sánchez Nicolay, presidente de la OMC, se encuentra en la misma
situación que Potel, si bien aquel no ha podido acceder al informe, al no serle posible
asistir a la reunión en la que fue leído. Además, Sánchez Nicolay afirma que para
hacer una valoración más precisa "debería tener una interpretación jurídica de
nuestra organización para saber hasta qué punto ese tema es, o no, recuperable". De
cualquier manera, el presidente de la Organización Médica Colegial hace referencia a que
el principal escollo lo representa el hecho de que "al parecer, una comisión de
formación continuada no tiene la potestad para conceder la acreditación
institucional". La única solución para solventar el conflicto pasaría, de acuerdo
con las opiniones manifestadas por este facultativo, por que el mismo mecanismo jurídico
que ha permitido crear la Comisión de Formación– el Convenio de Conferencia
Sectorial- creara a su vez la delegación institucional de la acreditación. "Yo no
creo que la situación esté perdida para los colegios, las sociedades u otros entes o
instituciones que ya estaban considerados, previamente, como entidades con capacidad
acreditadora, con una serie de normas ya establecidas, y entre las que se encuentran los
antecedentes, los recursos humanos, bibliográficos e informáticos, normas que incluso ya
estaban recogidas en el boletín", declara, haciendo referencia a continuación a los
antecedentes históricos de formación de la OMC y destacando los más de 22.000 alumnos
con los que han contado los cursos organizados por los colegios de médicos en el pasado
año, cursos que han supuesto un desembolso de casi 1.300 millones de pesetas en 1999.
"Éstos han sido inmejorables, de manera que nosotros pensamos que, con ese
palmarés, qué menos que poder acreditar la formación que impartimos".
Ante esta perspectiva, y con un talante negociador, el presidente de la Comisión
Nacional de Formación Continuada afirma que, a pesar de que las conclusiones del informe
no albergan ningún género de duda, "deja abierta alguna posibilidad –la misma
mencionada por Ignacio Sánchez Nicolay- y me refiero a que igual que hemos sido capaces
de montar la comisión mediante la fórmula del Convenio de Conferencia Sectorial
–fórmula que es elogiada en el propio documento-, quizá seamos capaces de llegar a
algún tipo de acuerdo. 
De
momento, nada está cerrado, pero sí paralizado". De hecho, como recuerda Ramírez,
la Comisión de Formación había comenzado a trabajar en la definición de los criterios
que deberían reunir las organizaciones objeto de la delegación, tareas que han sido
paralizadas tras la lectura del dictamen.
En este punto, Jesús Ramírez precisa que se trata de un documento interno de la
Abogacía del Estado. "Por esa razón fue leído por un asesor en la última reunión
de la comisión, y por esa misma razón no se ha repartido a nadie".
En el ánimo de Jesús Ramírez se encuentra "la voluntad de seguir trabajando sin
parar. El ente acreditador esta logrando, gracias a los resultados, una credibilidad que
se sitúa más allá de las críticas de aquellos que ponen en duda el funcionamiento de
las cosas por intereses dudosos". El presidente de la comisión se enorgullece al
manifestar que "el sistema está funcionando de manera impresionante. Ya llevamos
acreditadas más de 2.000 actividades y en los próximos meses vamos a elaborar el audit
de las actividades y presentar todas las bases de consolidación del sistema", y todo
ello sin coste alguno para los solicitantes, al ofrecer la comisión esta acreditación de
manera gratuita.
Comisión permanente
De cualquier manera, todas las partes implicadas reconocen que uno de los avances
logrados hasta el momento ha sido la creación de un mecanismo más ágil para llevar a
cabo la acreditación, a cuyo cargo ya se encuentra ésta: la Comisión Permanente,
presidida por Sánchez Nicolay. Este organismo es el encargado de dar el último visto
bueno a la concesión de los avales, cometido que desempeñaba hasta hace escasas fechas
el Pleno de la Comisión Nacional. Para Jesús Ramírez, "de esta manera, el proceso
para la obtención del aval oficial de calidad se agiliza mucho más y es más operativo,
ya que las solicitudes que procedan del comité de acreditación no tienen que esperar el
visto bueno del pleno, sino que la comisión permanente es el último escalón. Además,
mi idea, como presidente del Pleno, es delegar en el vicepresidente para la Comisión
Permanente", anuncia.
Este nuevo órgano cuenta con representantes de tres autonomías, que se irán rotando
sucesivamente, siendo las tres primeras Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid.
También están presentes el presidente de la Federación de Asociaciones Científico
Médicas de España (Facme), Joaquín Potel, y el secretario general del Consejo de
Universidades, Vicente Ortega.
En la mayor parte de los países europeos la acreditación la llevan a cabo entidades
de similares características a la de la Comisión Permanente, comités éticos
independientes de los organismos que llevan a cabo la formación continuada y que, en
ningún caso, permiten que se acredite la formación patrocinada por la industria
farmacéutica. Este aspecto podría cobrar en España especial relevancia, ya que en
nuestro país la mayor parte está financiada por los laboratorios.
Asimismo, y por lo que se refiere a las comunidades autónomas, el panorama actual
resulta un poco confuso, ya que la Comisión Catalana de Acreditación (nacida antes del
proyecto nacional) permite a ciertas instituciones, entre las que se encuentran el Colegio
de Médicos de Barcelona y el Hospital Clínico de esa misma ciudad, acreditar
oficialmente las actividades que ellas mismas organizan, situación que es bastante
similar en Navarra.
| Los puntos
fundamentales del informe |
| Con motivo de haber
sido planteada la posibilidad de que la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud otorgara el reconocimiento formal de la acreditación a entidades
públicas o privadas, la Subsecretaría de Sanidad y Consumo solicitó un informe sobre la
viabilidad de tal actuación al Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Sanidad
y Consumo. El informe emitido por la Abogacía del Estado
constata que la formación continuada no es una formación reglada y analiza el innovador
mecanismo jurídico, el Convenio de Conferencia Sectorial, utilizado por las
administraciones sanitarias para articular un sistema de acreditación de centros y de
actividades de formación, común en todo el Sistema Nacional de Salud.
Señala el Servicio Jurídico la idoneidad del Convenio de
Conferencia Sectorial para articular la coordinación sanitaria en este ámbito, así como
la adecuada composición de la comisión, en la que están presentes, además de las
comunidades autónomas y los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Cultura,
cualificados representantes de los propios profesionales.
Pero indica el informe que esa Comisión de Formación Continuada no
puede ejercer más funciones que las que expresamente se señalan en la cláusula tercera
del convenio de 15 de diciembre de 1977, pues es éste el convenio que la crea y el que
determina su ámbito de actuación.
Así, corresponde a la comisión establecer los criterios generales,
comunes y mínimos para acreditar centros o unidades docentes y para acreditar actividades
concretas de formación. También definir las áreas formativas de acreditación
preferente, las materias troncales que abarquen varias profesiones o distintas
especialidades de una misma profesión y los requisitos que habrán de reunir los
profesionales para recibir una certificación de actualización profesional. Igualmente,
es función de la Comisión la coordinación de la actividad de las Administraciones
Públicas en sus funciones de auditoría, evaluación y control, y la propuesta de otras
actuaciones en materia de formación continuada al Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
Ninguna de esas funciones, que son las que expresamente le atribuye
el Convenio de Conferencia Sectorial, incluye la posibilidad de que la comisión pueda
otorgar el reconocimiento formal de la acreditación a entidades públicas o privadas.
A ello hay que añadir, señala el informe, que un Convenio de
Conferencia Sectorial no puede suponer la renuncia las competencias propias de las
Administraciones que lo formalizan. Así lo establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas (Ley 30/1992, art.8.1) y así lo reconoce el propio convenio de
15 de diciembre de 1997, que atribuye a los órganos administrativos de las comunidades
autónomas (es decir, a las Comisiones Autonómicas de Formación Continuada) y a los del
Ministerio de Sanidad y Consumo (la propia Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud) en función del ámbito geográfico y territorial de la actividad a
acreditar, las competencias relativas al desarrollo y ejecución de los acuerdos de la
comisión. |
