Sin duda, uno de los principales hechos relevantes
acaecidos a lo largo de este año fue el cambio de inquilino habido en el Ministerio de
Sanidad en que, por tercera vez, una mujer pasó a ocupar la titularidad de la cartera.
En líneas generales, el debate sanitario derivó por
derroteros ya conocidos y que seguramente centrarán la atención, como mínimo, hasta
más allá de un lustro, tal es la consolidación del derecho a la Sanidad pública
proclamado por el ministro de Economía Rodrigo Rato, o qué hacer con el Ministerio de
Sanidad una vez culminadas las transferencias, o si se introduce o no el copago en la
financiación de la asistencia... El gasto sanitario público, sempiterna dolencia de la
Administración, fue una vez más centro de discusión, habida cuenta de los interminables
ceros que suelen adornar sus cifras y dada las sombrías perspectivas que suscita: en el
2050 alcanzará los 10 billones de pesetas, según las previsiones del profesor José
Barea, controvertido ex asesor gubernamental en temas económico-sanitarios.
No es fácil dilucidar, por tanto, si a pesar de todo la
Sanidad española goza o adolece de buena salud, pues mientras desde algunos sectores se
la denosta y se la acusa de desfasada, desde otros se la alaba o se la prefiere frente a
la privada. Un buen ejemplo de esto último ocurrió con una oferta que el Insalud hizo a
60.000 enfermos madrileños, dándoles la posibilidad de operarse en un centro concertado:
sólo 20.000 de ellos aceptaron el ofrecimiento; los 40.000 restantes optaron por esperar
a que les llegase el turno en un hospital público.
A
todo esto, pasó el año y la visión generalizada de expertos y profanos continúa siendo
que los problemas de antaño siguieron vigentes hogaño. Las transferencias sanitarias que
estaban pendientes siguen pendientes, los médicos continúan desencantados y sus
reivindicaciones no varían: mejores sueldos, carrera profesional, estatuto marco,
homologación, formación, participar en la gestión... son parte de la letra de un
estribillo que no cesa de entonarse en la órbita asistencial.
Para "añadir más leña al fuego", una encuesta
elaborada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) dejó al descubierto
el descontento de los médicos no sólo con sus salarios u oportunidades para recibir
formación o investigar, sino también con los órganos colegiados que los representan,
incluida la OMC. Al tiempo que rechazan la colegiación obligatoria, ya que consideran
estas instituciones "vetustas y antidemocráticas". Tampoco se salvan de la
quema las Sociedades Científicas y los sindicatos, sean éstos de clase o médicos.
Las novedades
Volviendo la vista atrás, se puede colegir que la nueva
titularidad ministerial que inició su andadura en plena primavera, tras las elecciones
generales que dieron la mayoría absoluta al Partido Popular (PP), no tuvo que soportar
conflictos de esos que hacen historia. Un repaso a las hemerotecas nos indica que las
listas de espera en cirugía cardíaca propinaron los primeros disgustos a la actual
ministra, un problema, por otra parte, ya tradicional en nuestra Sanidad.
El plan de choque que emanó de esta circunstancia dio
algunos frutos nada desdeñables, lo que revela que nuestro sistema sanitario sólo
requiere un poco más de orden y voluntad administrativos para mejorar su rendimiento. No
obstante, las listas de espera de los enfermos del corazón seguirán embadurnando la
Sanidad pública hasta el 2003, siempre y cuando se acometa una mejor planificación y se
incrementen los recursos, según un informe de las Sociedades españolas de Cardiología y
de Cirugía Cardiovascular, respectivamente.
Otro tema denunciado en este período fue la falta de
inversiones que sufren los hospitales públicos, que se ven abocados a trabajar con
equipos obsoletos. Un informe de la patronal que agrupa a los fabricantes de equipos de
electromedicina, FENIN, denunció que la Sanidad pública destina a la compra de estos
equipos sólo 1.000 pesetas por persona y año, lo que supone menos de 1 por ciento del
gasto público en Sanidad. La vida media de los equipos instalados en España supera ya
los nueve años e, incluso, algunos los 15 y 20 años de antigüedad.
Fundaciones
Sea como fuere, tras la resaca del inicio de un año que
marcó el tránsito hacia un nuevo siglo y milenio, la primera noticia relevante que nos
volvió a la realidad fue la luz verde que el Consejo de Estado otorgó al proyecto de
convertir los hospitales en fundaciones sanitarias como nueva fórmula de gestión.
Paradójicamente, la noticia se cruzó con otra procedente de un informe del Tribunal de
Cuentas, donde se ponía en tela de juicio la afirmación oficial de que las citadas
fundaciones iban a aportar más autonomía a los hospitales. Mal comienzo tenía el
proyecto de Romay Beccaría, si bien el planteamiento inicial no podía ser más
prometedor: los hospitales públicos iban a adquirir forma jurídica de fundación,
consorcio, sociedad estatal o fundación pública sanitaria, con la especial facultad de
disfrutar de autonomía plena para contratar personal, gestionar su presupuesto y
patrimonio...
Pero,
como ya es sabido, esta modalidad gestora contó desde un primer momento con el decidido
rechazo de numerosas organizaciones, asociaciones, sociedades y estamentos profesionales
sanitarios; algunas tan representativas como la OMC se dividió bien a las claras. Un
órgano no menos relevante como el Consejo Económico, CES, expuso en un informe que, tal
como estaban formuladas, implicaba priorizar la gestión económica sobre la protección
social, al mismo tiempo que advirtió que "la gestión privada no garantiza la
igualdad".
En realidad, probablemente, ni el propio Romay llegó a
ver claro lo que suponía realmente la idea de instaurar fundaciones sanitarias, ni
tampoco la oposición se llegó a creer su propio argumento de que sólo se trataba de una
estratagema cuyo final era la privatización de la Sanidad. De cualquier modo, lo que
tanta polémica suscitó, duerme ahora el sueño de los justos pese a que para muchos
expertos las fundaciones siguen siendo parte consustancial de una reforma necesaria de la
Sanidad, lo que deja una puerta abierta a una posterior reflotación de la idea.
Genéricos
Otro punto convertido en rémora para la política del PP
radicó en los medicamentos genéricos, cuyo consumo a principio de año seguía siendo
irrisorio: sólo suponía el 1,7 por ciento del gasto público farmacéutico, a pesar de
los denodados esfuerzos administrativos por fomentar su introducción en el mercado.
Utilizados al principio como reclamo electoral, nadie pareció aceptarlos: los médicos
consideraron que, tal como se planteó su introducción en el mercado español, suponían
una intromisión en su libertad para prescribir, mientras sí se dejaba libertad al
farmacéutico para decidir qué dispensar o cómo sustituir, sin autorización del
médico, un fármaco por otro de, supuestamente, idéntica composición química.
Entretanto, los pensionistas, potencialmente los mayores consumidores de genéricos,
siguen mostrándose reacios a cambiar de una marca que llevan años adquiriendo...
Con este panorama, el Insalud decidió atacar pagando un
sobresueldo a los médicos de Atención Primaria "recetadores" de un 6 por
ciento de genéricos en un semestre, sobresueldo que ascendería hasta las 125.000 pesetas
al cabo del segundo semestre. Los catalanes fueron, en este sentido, pioneros en implantar
un sistema de incentivación económica entre los facultativos para fomentar la
prescripción de genéricos, aunque rebajando el volumen de prescripción a un 5 por
ciento. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada por los Colegios Médicos, sobre todo
porque, arguyeron, se trataba de una medida adoptada exclusivamente con miras al ahorro.
También la CESM, que rechazó la iniciativa del Insalud, acusó a éste de
"presionar" a los facultativos de los centros de salud para que receten menos
"con el único objetivo de recortar el gasto farmacéutico".
Cabe aquí hacer el inciso de que, respecto a la libertad
de prescripción defendida por los médicos a capa y espada, el Tribunal Supremo emitió
una sentencia en la que da por válida la norma aprobada en 1993, que regula la selección
de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud y excluye a unos 800
fármacos de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social.
El Alto Tribunal rechazaba de tal guisa un recurso
interpuesto por el Consejo de Colegios Médicos, recordando que los límites impuestos a
la libertad de prescripción se refieren a los profesionales de la Medicina que presten
sus servicios en el Sistema Nacional de Salud. De paso arguía que la libertad de
prescripción de los médicos "no es absoluta, encontrando sus límites, entre otros,
en los demás derechos también constitucionalmente reconocidos". Aunque la polémica
quede de momento zanjada, falta por ver el alcance de este fallo y las reacciones de los
órganos colegiados.
Gasto farmacéutico
Pero fue el capítulo farmacéutico el que realmente se
mostró revuelto con la política del PP con Romay todavía al frente del Ministerio y de
hecho se convirtió en el leit motiv del distanciamiento progresivo habido entre la
Administración y la industria farmacéutica, circunstancia que ya se venía arrastrando
desde el año anterior, pero que en esta ocasión alcanzó su climax, hasta el punto de
que "ni los más viejos del lugar" recuerdan un deterioro como éste en las
relaciones de un sector industrial con la Administración.
La razón hay que ir a buscarla en el síndrome del
imparable gasto farmacéutico que devino obsesivo para las autoridades sanitarias, sobre
todo después de que éste hubiera superado la cifra mítica del billón de pesetas. A la
vista de los hechos, el entonces presidente de Farmaindustria, Enrique González Hervada,
adoptó una política de "mano tendida" hacia el ministro Romay Beccaría,
expresando la buena disposición del sector a negociar y buscar conjuntamente soluciones a
la contención del gasto farmacéutico.
Pero el ministro llevó sus exigencias a límites
insostenibles para la industria, hasta el punto de que ésta se vio impelida a denunciar
la ruptura de los acuerdos previos por parte del Ministerio y se negó, con respaldo
legal, a pagar 65.000 millones de pesetas que se había pactado con la Administración
para reducir lo abultado de la factura farmacéutica. La respuesta ministerial no se hizo
esperar: impuso una rebaja en los precios de los medicamentos a golpe de decreto ley.
El
medicamento siempre ha sido el talón de Aquiles de todas las Administraciones nacionales,
a pesar de que el sector es el segundo que más innova en nuestro país. De modo que, como
era de esperar, ni el "medicamentazo" ni la rebaja por la fuerza de los precios
consiguieron frenar el gasto farmacéutico, aunque sí envenenar aún más las ya
maltrechas relaciones con la industria y las oficinas de farmacia. Además, estas medidas
se mostraron contraproducentes, porque frenaron muchos proyectos de investigación, entre
ellos los destinados a la búsqueda de avances terapéuticos contra las enfermedades
oncológicas, según un informe de las Asociaciones Europeas contra el Cáncer. Y para
reforzar la inutilidad de acciones tan drásticas, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid
presentó un balance en que destacó los resultados de otro balance, el inflacionista de
los medicamentos, cuya incidencia sobre el IPC apenas habría aportado una milésima a las
2,9 décimas del IPC general.
Finalmente, y ya en la era de Villalobos, el capítulo de
la contribución de los laboratorios farmacéuticos a la contención del gasto tuvo un
final feliz, al sellarse el compromiso por el cual la industria aportaría 5.500 millones
de pesetas a la Sanidad, dinero que se destinó a financiar los centros que dirigen
Mariano Barbacid (investigaciones oncológicas) y Salvador Moncada (investigaciones
cardiovasculares) en el Instituto de Salud Carlos III.
Precios de referencia
A esta medida se unió la aplicación, en diciembre, de los
precios de referencia, mediante los cuales el Gobierno prevé ahorrarse 24.000 millones de
pesetas durante este primer año de su aplicación. Es éste un punto en el que persiste
la incógnita sobre cuál será su evolución y el impacto que tendrá tanto en la
industria como en la población, toda vez que en nuestro país la cultura del genérico y
de los precios de referencia era y es, hasta ahora, inédita. Un experto en
farmacoeconomía, Enrique Granda, vaticinó al respecto que los precios de referencia,
amén de haber llegado demasiado tarde, apenas van a representar una rebaja del 3 por
ciento del mercado en el primer año, entre otras cosas, porque, en su opinión, el
principal factor de distorsión del gasto farmacéutico es la aportación decreciente de
los beneficiarios.
Epidemiología
Tan sólo tres de cada diez españoles están satisfechos con
la Sanidad; el 30,8 por ciento se declara satisfecho de la salud pública, frente a una
media del 41,3 por ciento de la Unión Europea; mientras que un 29 por ciento se declara
abiertamente insatisfecho. Todos estos datos proceden de un informe estadístico de
Eurostat.
No obstante, todo ello no fue óbice para que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) situara a España en el séptimo puesto entre los
países con mejor sistema sanitario. Tenemos por delante a Francia, Italia, San Marino,
Andorra, Malta, Singapur y por detrás a Austria, Japón, Noruega, Gran Bretaña, Suiza,
Alemania, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, ocupamos el quinto puesto entre todos los
países del mundo en esperanza de vida sana, concretamente, con 72,8 años, siempre según
dicha organización.
Paradójicamente, el envejecimiento de la población
traerá consigo un alivio en el paro, pero aumentará la presión sobre los sistemas de
salud en la Unión Europea, según un informe del Instituto de Estudios de Prospectiva
Tecnológica (IPTS), presentado en Bruselas. En una década, la población mayor de 65
años se habrá incrementado en un 20 por ciento respecto a 1995.
Desde el punto de vista epidemiológico nos encontramos
con que en España siguen muriendo más hombres que mujeres, y que aumentan las muertes
por demencia senil y Alzheimer, mientras por vez primera se registra una notable
disminución de los fallecimientos por sida, casi un 50 por ciento. Una rémora en este
aspecto es la situación del Plan de Alzheimer, que lleva tres años parado por una pugna
entre Ministerios, plan que se elaboró a mediados de la pasada legislatura. La razón del
retraso, según fuentes gubernamentales, es la negativa de los Ministerios de Sanidad y
Trabajo y de las autonomías a cargar íntegramente con la financiación. La ministra
anunció una ayuda de 10.000 millones de pesetas, pero no dijo cuándo se pondrá en
marcha el plan. En la actualidad, se contabilizan 400.000, los afectados en España.
A la par, la isquemia cardíaca (96,6 por ciento), la
enfermedad cerebrovascular (96,3 por ciento) y la insuficiencia cardíaca (53,9 por
ciento) fueron las tres primeras causas de muerte en nuestro país. Casi el 60 por ciento
de los españoles entre 35 y 64 años tiene el colesterol alto, según un informe de
Sanidad. Estos datos corresponden a 1997, pero fueron oficialmente presentados por el INE
en el 2000.
Por otro lado, la Sociedad Española de Inmunología
Clínica y Alergia Pediátrica nos alertó de que el asma se está convirtiendo en una
auténtica epidemia y los especialistas no logran explicar el fenómeno; uno de cada diez
niños la padece y en general afecta a dos millones de españoles; en el último decenio
los casos de esta enfermedad se han doblado y de hecho crece a un ritmo anual del 10 por
ciento.Otro dato: el 95 por ciento de intoxicaciones en ancianos son medicamentosas,
según el Colegio de Médicos de Madrid, por el mal uso de fármacos.
Cabe mencionar, por otra parte, un fenómeno desconocido
en España, pero creciente: la inmigración, cuya regularización ha comportado y comporta
un incremento notable en el número de personas protegidas por el Sistema Nacional de
Salud. La repercusión económica de este proceso sobre el presupuesto asistencial no
está del todo claro y, es más, parece que ni siquiera se ha calculado. No obstante, a
mediados de año el Insalud tenía previsto repartir 80.000 nuevas tarjetas sanitarias a
este respecto, en un sistema en que el gasto anual por cartilla es de 26.000 pesetas y el
de atención médica de 116.000 pesetas.
Más allá de nuestras fronteras, 17 millones de personas
mueren cada año por falta de medicamentos. Los países pobres carecen de recursos para
tratamientos como el sida, según Médicos Sin Fronteras y la OMS. Infecciones
respiratorias, sida, malaria, tuberculosis, leishmaniasis, enfermedad del sueño, y las de
transmisión sexual, son las grandes plagas que asolan a los países del Tercer Mundo. Los
fármacos que les llegan son prohibitivos o viejos, con lo cual los efectos secundarios
resultan nocivos. La industria no ve rentable invertir en investigación para esos
sectores poblacionales de la humanidad.
Nombramientos e Investidura
El presidente del Gobierno, José María Aznar, en su último
discurso de investidura, expresó su deseo de sacar adelante el "seguro sueco"
para las pruebas diagnósticas, esto es, derivar pacientes con más de seis meses en
listas de espera a otro centro. Nada nuevo bajo el sol. Su discurso, en lo que Sanidad se
refiere, fue un recordatorio de proyectos continuistas y sin grandes objetivos, al revés
que en la anterior legislatura, donde propuso la creación de una ponencia para estudiar
las reformas que necesita el Sistema Nacional de Salud.
Villalobos, tercera mujer al frente del Ministerio
Un hecho palpable en la Sanidad es la creciente presencia de
la mujer en el ejercicio médico y así quedó puesto de relieve en sendos congresos
celebrados muy próximos en el tiempo y lugar, Granada. La Sociedad Española de Medicina
General y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos así lo expusieron en sus
respectivos congresos nacionales. El impacto de esta presencia, sin embargo, aún no ha
sido evaluada en profundidad.
Fruto quizá de esta corriente es la presencia de una
mujer encabezando cartera sanitaria. Algo parecido sucedió con la elección de la doctora
Juliana Fariña como presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, que cuenta con el mayor
número de colegiados médicos en España.
Pero al margen de estas consideraciones, la nueva
ministra, cuya designación desbarató todas las especulaciones, pronósticos y quinielas
se encontró con los siguientes retos: impulsar los nuevos modelos de gestión bajo la
fórmula de fundaciones públicas sanitarias; aplicación de los precios de referencia;
culminación de las transferencias sanitarias, incluido un nuevo pacto de financiación;
negociar con la industria farmacéutica la contención del gasto. Ya conocemos la
evolución de estos apartados.
Como declaración de principios, la ministra se declaró
"defensora a ultranza" de la Sanidad pública y reacia a realizar cambio alguno
en la Ley General de Sanidad, "porque es absolutamente válida" y por tanto
"se va a desarrollar por completo". Dijeron sus detractores que tales
declaraciones sólo fueron una concesión a la galería, pero justo es reconocer que
sirvieron de bálsamo contra los murmullos de privatización que se oían por todos lados.
Amén de la sorpresa inicial, su nombramiento no despertó
mayores recelos ni entusiasmos en el entorno sanitario; en cambio, sí desataron la caja
de los truenos algunos de sus fichajes, como fue el caso de la designación del doctor
Ramiro Rivera como principal asesor, presentado por Villalobos como una víctima del
"sectarismo socialista".
Más adelante nos encontramos con que el PSOE solicitó el
cambio del Consejo Interterritorial y el PP lo admitió. Fue una de las primeras acciones
de Villalobos, deseosa de agradar a todo el mundo y de traer la reconciliación a un
sector receloso de todo lo que emana del Ministerio de Sanidad. Nada más asumir el cargo,
Villalobos se reunió con todos los consejeros autonómicos, con la promesa añadida de
que en el futuro esas reuniones se iban a producir con más frecuencia. Era un soplo de
vida a una institución fenecida desde su nacimiento.
Por otro lado, el nombramiento de Rubén Moreno -primer
médico en el equipo de Celia Villalobos- como secretario general de Gestión y
Cooperación Sanitaria, fue interpretado como un claro signo de la apuesta de la ministra
por el modelo de gestión que defendió en Valencia Eduardo Zaplana, ajeno a las
fundaciones sanitarias. El tiempo dio la razón a quienes vaticinaron por dónde iban a ir
los tiros.
Luego, el Consejo Asesor de Sanidad se llenó de antiguos
altos cargos de UCD, con la figura de Ramiro Rivera al frente, Manuel Muñoz Pérez,
exministro de Sanidad, y Luis Valenciano, exsubsecretario de Sanidad, Alberto Oliart, ex
ministro de Sanidad, José Luis Perona Larraz, expresidente del Insalud, y Julián García
Vargas, exministro de Sanidad del PSOE.
En este apartado destacó, igualmente, no ya el
nombramiento, sino la defenestración del doctor Rafael Matesanz, vetado por Sanidad en el
Consejo de Europa. La medida recibió la más absoluta reprobación de todo el espectro
asistencial y político y propició el más caluroso aplauso hacia el creador de la Red
Nacional de Trasplantes que llevó a nuestro país a encabezar la lista mundial de
donantes de órganos. Previamente había sido destituido de su cargo de director general
de Asistencia Sanitaria, como también el de la Agencia Española del Medicamento, Josep
Torrent. En el Instituto de Salud Carlos III era retirado de su cargo de director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.
Igual de controvertido fue el despido -esta vez no
por la Administración, sino por la Fundación Jiménez Díaz- del
internacionalmente conocido investigador Vicente Carreño y su equipo, especializado en
el estudio de las hepatitis virales, aunque la Justicia volvió a restituirlo en su
lugar.
Empujón a la Ciencia
Nombramientos y destituciones al margen, el cambio de
gabinete trajo consigo la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo que
parecía ser un secreto a voces en el seno del Gobierno. Quedaban así plasmadas las
insinuaciones que en este sentido habían vertido previamente el entonces ministro de
Industria, Josep Piqué, y el propio Aznar. La nueva cartera ministerial fue recibida como
muestra de un significativo avance para dotar de arquitectura institucional al sistema de
innovación, pues se le supone facultad para dotar de mayor visibilidad y rango a la
ciencia española, a la vez que permitirá actuar con mayor capacidad en los recursos.
A este respecto, una de las noticias relevantes del año
fue, sin duda, el anuncio del ministro Josep Piqué, poco antes de las elecciones, de
imprimir un impulso importante al Plan Nacional de Investigación Científica, con una
inyección traducible en incentivos fiscales a las empresas. España ha aumentado su
nivel de gasto en I+D, pero todavía está lejos de alcanzar la convergencia con el resto
de Europa, según un informe de la Fundación Cotec, que advierte que pese a que la
inversión en I+D en nuestro país crece por encima del PIB, la cifra sólo supone el 35
por ciento del gasto medio europeo.
La investigación atravesó por graves contratiempos, como
el retraso del Ministerio de Ciencia para los pagos a las instituciones científicas, lo
que vino a bloquear los proyectos de cientos de investigadores, algunos dedicados a
enfermedades humanas. A la par, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva afirmó
estar desbordada por que tiene el mismo personal de hace diez años, mientras ha aumentado
su volumen de trabajo, según manifestó la nueva directora de ANEP, antes de escuchar la
promesa de que se iban a destinar 1.000 millones de pesetas para el nuevo equipo del
Ministerio de Ciencia.
El Gobierno destinó posteriormente 12.000 millones de
pesetas para la formación científica de 5.600 personas. La Comisión Mixta
Congreso-Senado de I+D anunció que se iba a introducir la cultura de la movilidad en el
sistema científico y se iba a incrementar el nivel y la calidad de la ciencia y la
tecnología, tanto en número de empresas y de investigadores, como en gasto destinado a
I+D.
Transferencias
Pero quizá el tema más relevante por excelencia en este
momento y que probablemente tendrá una clara continuidad durante este año recién
iniciado es el traspaso definitivo de las competencias sanitarias a las autonomías. El
2000 se "inauguró", precisamente, con la promesa electoral de todas las fuerzas
políticas de que "este año será el año", y con la esperanza de las
respectivas comunidades de que así iba a ser, pues mayoritariamente se consideran
preparadas para asumirlas. Desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, nadie ha movido
ficha a este respecto desde el año 1994, en que se llevó a cabo la transferencia de la
Sanidad a Canarias; desde entonces hasta aquí, el proceso se ha detenido bajo el
argumento de que la situación financiera no hace aconsejable seguir adelante con el
mismo. De hecho, en el Balance de Legislatura 1996-2000, que Sanidad distribuyó en las
vísperas de las fechas electorales, ni siquiera se hizo una mención a las
transferencias.
No obstante, dicho argumento quedó en entredicho tras un
análisis realizado por el interventor general de la Seguridad Social, Jaime Sánchez
Revenga, publicado en el libro "Transferencias sanitarias: descentralizar y
vertebrar", dirigido por Enrique Fernández-Miranda (PricewaterhouseCoopers, 1999).
En la obra, Sánchez Revenga señalaba que la situación financiera del Insalud está
saneada, lo que permite poner en marcha el proceso de transferencias aún pendiente. De
todas maneras, el propio Fernández-Miranda adelantaba en este mismo libro que las
transferencias podrían estar culminadas en los próximos cuatro años.
Un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública de
Granada fijó en 70.000 millones de pesetas el coste del traspaso de las competencias
sanitarias a las autonomías del Insalud. El estudio contempla los fondos con los que el
Instituto cubre la asistencia en estas regiones -1,6 billones este año- y está
influido por el convencimiento de los autores de que las autonomías no renunciarán a su
gasto actual, pese a que pierden población.
Sostenibilidad del sistema
Otro epígrafe que adelantábamos anteriormente y que, al
igual que en el caso anterior, seguirá coleando a buen seguro en 2001, es el del recorte
en la protección social, matizado a medias con el término "copago", asunto que
siempre viaja de la mano de la sostenibilidad financiera del sistema sanitario y que alude
a pagar parte de los servicios asistenciales que se recibe. Si bien es cierto que a lo
largo del 2000 no se habló tan alto ni tan claro como para sentar un precedente, sí se
planteó con mayor profundidad que en años anteriores, aunque siempre con la cautela que
imprime abordar un tema muy mal visto por las supuestas "progresías" de turno.
Una
de las manifestaciones bastante sonadas en pro del copago provino del Círculo de
Empresarios. De esta institución se instó a los políticos a afrontar "con
valentía" el recorte del Estado del Bienestar ante el paulatino envejecimiento de la
población y la escasa natalidad, circunstancia estas que "no se ven compensadas con
la entrada de nuevos cotizantes en el Sistema de la Seguridad Social". En caso
contrario, advirtió el Círculo, la contrapartida será una subida de los impuestos sobre
la renta, sobre los indirectos y un incremento en las cotizaciones. De modo que no hay
más remedio, según esta organización, que recurrir a los recortes en áreas como la
protección del desempleo, en el sistema de pensiones, en la Sanidad, la educación y, en
general, "en todas las formas de seguro social".
Casi sin solución de continuidad, el informe del Círculo
de Empresarios se vio "avalado" por otro monográfico procedente de la OCDE, en
el que se hacía a España una llamada de atención sobre nuestro sistema de previsión
social, demasiado generoso para el gusto del citado organismo en lo que respecta a las
cotizaciones y a los estándares internacionales. El monográfico sugería una reforma no
sólo de este sistema, sino también del laboral, "aprovechando el Pacto de
Toledo". Además, la OCDE coincidía con el Círculo en lo referente a
"suavizar" la legislación en materia de protección de empleo y en la necesidad
de "flexibilizar" la negociación colectiva.
El consejero de Sanidad de Cataluña, Eduard Rius,
propuso, por su parte, un debate social sobre las prioridades, "pues los recursos no
crecerán hasta el infinito". Entre tanto, la inversión en este momento no debe
parar de crecer, dijo Rius, porque en España está por debajo de la media europea, que es
del 6,5 por ciento del PIB, frente al 5,9 por ciento en nuestro país.
Guillem López Casanovas, asesor de la ministra de
Sanidad, es de la opinión de que "para aliviar las finanzas públicas" es
necesario un modelo de aseguramiento que cubra exclusivamente "los acontecimientos
catastróficos", entre los que incluyó la salud mental y las enfermedades crónicas
y oncológicas. Y hasta la propia ministra Villalobos reconoció que la revisión del
copago era una medida en estudio, por ser injusto el actual modelo, aunque luego se
desdijo de lo dicho.
El momento cumbre de esta polémica llegó cuando el
Gobierno anunció que iba a estudiar el pago del 10 por ciento de los fármacos por los
pensionistas, habida cuenta de que cada pensionista consume al año 106.303 pesetas como
media. La medida, ya propuesta en el Informe Abril, supondría un ahorro anual de 80.000
millones de pesetas.
Se trataría, en cierto modo, de adoptar el sistema
alemán de copago, en el que los ciudadanos pagan una parte de los fármacos en función
de su renta. Los expertos no descalifican el método, pero aducen que el copago debe
orientarse a garantizar la equidad y no el ahorro. En cualquier caso, la medida afectaría
al 8 por ciento de los pensionistas, unas 700.000 personas que cobran por encima de las
150.000 pesetas como pensión.
El PSOE, por su parte, propuso como alternativa el copago
"por razones médicas", manteniendo siempre la gratuidad para los pensionistas,
sistema este próximo al italiano. Se clasificarían los medicamentos en grupos, según su
efectividad y necesidad, a la vez que se pondría en marcha un ajuste escalonado de la
contribución económica del paciente: un cero por ciento para los medicamentos necesarios
y altamente eficaces y un porcentaje bajo e igual para toda la población en el grupo
siguiente, con aumentos progresivos del porcentaje de contribución en los restantes
grupos.
En una encuesta llevada a cabo por la CESM, los médicos,
en un 57 por ciento, se inclinaron por introducir el copago en forma de tique moderador en
la asistencia. Villalobos, a su vez, añadió algo de leña al fuego calificando al actual
modelo de "rígido y muy burocratizado". De paso vaticinó que "en un
futuro no muy lejano" habrá tensiones financieras para sostener el sistema
sanitario, lo que obligará a la sociedad española a abrir un serio debate sobre esta
materia. No obstante, pidió que "nadie se asuste" porque no habrá recortes de
servicios "de momento".
Xavier Trías, representando a la Sanidad catalana,
propuso en su momento que si pagáramos 100 pesetas por receta, el Estado ingresaría al
año 50.000 millones de pesetas. "Si no los tenemos y los necesitamos, no hacerlo es
irresponsable", enfatizó.
También voces autorizadas han sugerido que, antes de
plantear el copago, es necesario poner orden en el sistema sanitario, esto es, definir la
oferta y decidir cómo se financia. En general, sin embargo, se considera que el sistema
sanitario español es, hoy por hoy, "sostenible", por lo que no se percibe la
urgencia de medidas de financiación extraordinarias.
Últimos acontecimientos
Podemos concluir que el 2000 no quedará como año mítico
para la literatura, al menos en lo que atañe a la Sanidad española, ya que el último
mes del año, siglo y milenio terminó con más pena que gloria, casi como discurrió todo
él. El muestrario noticioso de diciembre fue más anectódico que trascendente, como lo
demuestra la que fue quizá la última huelga del año, convocada por el Sindicato Médico
catalán y la Federación de Asociaciones de Médicos de Hospital de Cataluña. El
conflicto parecía tener ribetes históricos y acabó en un estrepitoso fracaso. La
anunciada huelga del 061 se resolvió "in extremis" justo antes de que expirara
el año.
Entre tanto, uno de los órganos representativos, sino el
más, del estamento médico, la OMC, presentó un balance claroscuro, toda vez que el
futuro de la entidad no quedó en absoluto dilucidado. La culminación de la reforma de
sus Estatutos ha quedado, de momento, sine die.
Otra de las notas que mereció un mínimo de atención fue
el rechazo por la CESM a la propuesta del Insalud de cambiar los baremos de la OPE de
Primaria de 1999, ante el temor de que detrás de la medida había una intención de
paralizar definitivamente la convocatoria. Tal y como han transcurrido los hechos, cabe
colegir que los temores eran fundados, pues el órgano gestor ha pospuesto cualquier
oferta pública de empleo hasta el finiquito del traspaso de las competencias sanitarias a
todas comunidades autónomas que aún no las tienen, esto es, en 2003 ó 2004, según
cálculos de los más optimistas.
También cabe mencionar, por un lado, la creación de la
Plataforma de los Diez Minutos, como plan de acción para mejorar la asistencia en la
Atención Primaria. Los tres o cuatro minutos que actualmente dedica el Sistema a cada
paciente le parece a todo el mundo una aberración. Es de esperar que cuaje la idea. Por
otro, el anuncio del Ministerio de Defensa de prescindir de ocho de sus 14 hospitales, que
serán transferidos a otros servicios sanitarios o se enajenarán al sector privado.
A la par que esto ocurría, nos llegaron las
noticias de la absolución a Sanidad en la primera demanda de contagio por "vaca
loca", y la aprobación "por unanimidad" por parte del Parlamento de
Cataluña, del "Testamento vital", una nueva ley que otorga a los ciudadanos
catalanes la facultad de decidir, una vez convenientemente informados, el tratamiento a
recibir ante una enfermedad, el derecho a acceder a su historia clínica y libertad para
dejar constancia de ser o no mantenido con vida por medios artificiales en caso de
enfermedad irreversible que le impida manifestar su deseo.
Finalmente, son dignas de mención las recomendaciones, de
la Unión Europea, instando a los países comunitarios a eliminar desigualdades sanitarias
y otorgarle prioridad al asunto. El Comité de las Regiones de la UE ha considerado que es
este el principal desafío para el próximo quinquenio, merced a la previsible adhesión
de nuevos socios, cuya situación sanitaria es mayoritariamente deficiente
"La Sanidad española, de
luto"
| El colectivo médico español se mostró
unánime a la hora de condenar la muerte del exministro socialista Ernest Lluch, asesinado
por ETA el pasado 21 de noviembre, en Barcelona. La opinión pública, además de
considerar el acto como "un monstruoso atentado no sólo contra la vida de quien
realizó una importante labor como ministro", también lo vislumbró como un atentado
contra toda la Sanidad española; y esencialmente, como una violación contra el derecho
fundamental de la vida". Ernest Lluch fue el
primer ministro socialista de Sanidad, y uno de los impulsores de la Ley General de
Sanidad de 1986. Bajo su mandato, también surgió el Sistema Nacional de Salud (SNS), una
vez entrada en vigor la LGS.
Numerosos representantes del mundo sanitario, encabezado
por la ministra del ramo, Celia Villalobos, se reunían días más tarde de su
fallecimiento para rendir el último homenaje a un hombre, cuyo principal objetivo fue
siempre, desde los tiempos de la transición, que España fuera un país moderno y
democrático.
Este trágico suceso se unía al acaecido semanas
anteriores, cuando el coronel del ejército y médico en ejercicio, Antonio Muñoz
Cariñanos, también era asesinado en su consulta por el mismo grupo terrorista. |
