Redacción
El año 2001 pasará a
ser recordado por dos hechos fundamentales para nuestro
sistema sanitario: la conclusión del proceso de transferencia a
las Comunidades Autónomas de la
gestión de la asistencia sanitaria pública
y la decisión de acabar con la interinidad en el empleo de los
profesionales sanitarios al servicio del
Sistema Nacional de Salud.
Pese a ser los más importantes,
no han sido los únicos puntos de referencia
del pasado ejercicio pues, a lo largo del mismo, la Sanidad y
sus gestores fueron noticia de primera
página con más frecuencia de lo habitual.
Baste recordar los problemas derivados del conocido como mal
de las "vacas locas", la potenciación
de los medicamentos genéricos y la puesta
en marcha de los precios de referencia, los pactos para la
racionalización del gasto farmacéutico,
las muertes por deficiencias en los
instrumentos de diálisis, la puesta en cuestión y su consiguiente
retirada de uno de los medicamentos más
utilizados para la hipertensión, la
alarma derivada de los benzopirenos del aceite de orujo, la
aprobación de normativas sobre
el derecho a la información de los enfermos,
el eterno debate sobre las listas de espera... En fin, todo un
panorama que, en breves retazos, pretendemos
recordar en este informe.
Desaparición
del Insalud
La conclusión de la transferencia
de la gestión de la asistencia sanitaria
pública a las Comunidades Autónomas, todavía dependientes
del Insalud, va a suponer
la desaparición de este instituto creado en 1978.
Aunque el final del proceso estaba
previsto de antemano, hasta el pasado ejercicio
no se adoptaron las medidas suficientes, llegando incluso a
las coactivas, para hacerlo realidad.
En el mes de enero, el Gobierno inició
el proceso, que afecta a 10 Comunidades
Autónomas sometidas todavía la mayoría a la gestión
asistencial del Insalud, con un presupuesto
de 1,5 billones de pesetas y de
las que depende el 38 por ciento de la población. Después
de distintas reuniones
bilaterales entre la Secretaría de Gestión y
Cooperación Sanitaria, los consejeros
de Salud de las Autonomías afectadas
y otros agentes del sector sanitario, el Ministerio de Sanidad
elaboró un documento base para
el debate. Durante los meses de febrero y marzo,
en el Ministerio de Administraciones Públicas se constituyen
las correspondientes
Ponencias Técnicas para la concreción del traspaso de
competencias. De antemano, los responsables
de Sanidad y de Administraciones
Públicas no dudan en advertir que los principales
escollos van a producirse en relación
con la financiación.
| Pese a que
el final del proceso de la Sanidad centralizada estaba
previsto de
antemano, hasta el pasado ejercicio no se adoptaron las
medidas suficientes,
llegando incluso a las "coactivas" para hacerlo realidad
|
En el mes de julio, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera logra el acuerdo
sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que, entre
otras novedades, contempla la inclusión
en el mismo de la financiación de
la Sanidad y crea un Fondo de Cohesión Sanitaria, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, para
compensar distintos gastos en asistencia,
especialmente en relación con los desplazados. De todos
modos, algunos aspectos del acuerdo no
se concretarían hasta el mes de noviembre,
sobre todo cuando, en pleno debate de los Presupuestos del
Estado, se decide introducir una nueva
tasa sobre los carburantes, a aplicar
por las Comunidades Autónomas y destinada exclusivamente a la
financiación de la Sanidad. Una
medida que originó un aluvión de críticas
y polémicas, sobre todo por parte de algunas Comunidades que se
vieron sorprendidas, especialmente cuando
-por la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos- se condicionó el traspaso de la Sanidad a la
aceptación de este nuevo modelo
de financiación, incluida la tasa autonómica
sobre las gasolinas.
El Fondo de Cohesión Sanitaria se dotó
con 10.000 millones de pesetas y así
se recogió en el proyecto de Presupuestos. Por otro lado, y como
consecuencia de la conclusión
del proceso de transferencia de la gestión de
la asistencia sanitaria y la consiguiente desaparición del Insalud,
en el Ministerio de Sanidad se comenzó
a trabajar sobre un proyecto de Ley
de Coordinación del Sistema Sanitario, con el fin de fijar unos
mínimos básicos de atención
sanitaria a cubrir en todas las Comunidades Autónomas.
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Nombres propios
de 2001
Ramiro Rivera presenta
el 15 de enero, su renuncia, por motivos de salud, a la presidencia
del Consejo Asesor de Sanidad, cargo en el que será sustituido,
meses después, por el investigador Joan Rodés.
El farmacólogo
Felipe Sánchez de la Cuesta es designado el 15 de enero
para presidir el Comité de Evaluación de Medicamentos
de Uso Humano (CODEM).
El vicepresidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, asume el 17 de enero la coordinación
del comité de actuación y lucha contra el mal de
las "vacas locas", después del malestar social generado
por la ministra Celia Villalobos por sus intervenciones en torno
al problema sanitario.
La Asamblea de Farmaindustria
aprueba el 14 de febrero el nombramiento de Humberto Arnés
como nuevo director general de la empresarial de la industria
farmacéutica en España.
El investigador Salvador
Moncada firma el 27 de febrero su incorporación como consultor
ejecutivo en la Fundación de Investigación Cardiovascular,
en el Instituto de Salud Carlos III.
El director del laboratorio
de referencia sobre Encefalopatías Espongiformes Transmisibles,
Juan José Badiola, es elegido el 10 de marzo presidente
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
El traumatólogo
Guillermo Sierra recibe el respaldo el 7 de abril de la mayoría
de presidentes de Colegios de Médicos para asumir la máxima
representación de la Organización Médica
Colegial, en la que sustituye a Ignacio Sánchez Nicolay.
En Salamanca, la doctora
Elena Giner muere el 27 de abril después de haber sido
apuñalada por un paciente al que se negó a darle
un parte de baja por supuesta enfermedad.
El Consejo de Ministros
el 29 de junio concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad
a Ignacio Sánchez Nicolay, Felipe Sánchez de la
Cuesta, Antonio Obregón, Máximo González
Jurado y Joaquín Barraquer Moner.
Rubén Moreno,
secretario general de Gestión y Cooperación del
Ministerio de Sanidad, es elegido el 12 de septiembre miembro
del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Eduardo Larraz Riesgo
es nombrado el 14 de septiembre director del gabinete de la ministra
de Sanidad.
El secretario general
de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), Carlos Amaya, es elegido en Florencia el 6 de octubre
secretario general de la Federación Europea de Médicos
Asalariados.
El abogado Ricardo
de Lorenzo, presidente de la Asociación Española
de Derecho Sanitario, recibe el 20 de octubre el premio Maimónides.
Alejandro Encinas,
senador del PP, vota el 14 de noviembre en contra del proyecto
de ley para la consolidación del empleo del personal interino
del Sistema Nacional de Salud, con lo que rompió el consenso
alcanzado entre los partidos y no se ajustó a la directriz
de su propio grupo.
El Hospital General
de Vic, el de Mataró, el Morales Meseguer de Murcia y el
de la Ribera de Valencia son los grandes hospitales que, en el
2001, reciben la máxima calificación de excelencia
entre los comparados por el programa Top 20.
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El rechazo generado por algunos contenidos
del nuevo modelo de financiación
hizo que, desde el Ministerio de Sanidad, se llegara a
amenazar a las Comunidades Autónomas
que no lo aceptaran con una pérdida en
sus ingresos. De todos modos, la polémica larvada en torno a
este punto fue lo que
hizo, durante la tramitación parlamentaria de la ley,
se introdujera un cambio normativo
para forzar la aceptación del traspaso.
De ahí que, incluso, se prolongaran las negociaciones de las
Autonomías afectadas con la
Administración hasta el último momento del
26 de diciembre, plazo dado por el
Gobierno para cerrar el traspaso. Las correspondientes
órdenes de traspaso se aprueban por el Consejo de
Ministros del día siguiente,
27 de diciembre.
Acabar
con la interinidad
La consolidación en
el empleo del personal al servicio de la Sanidad Pública, tras
años en que la interinidad se había convertido en la norma
de contratación, es otro de los grandes puntos que marcan el
año 2001. Proyectada en principio para el Insalud, el Parlamento
haría que la medida fuera de aplicación para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Aunque en varias ocasiones
se había prometido dar una solución a la interinidad en el
empleo, es a lo largo del pasado ejercicio cuando desde el Insalud se pone
en marcha todo el engranaje para hacerlo realidad antes de que se cierre
el proceso de su transferencia. En el mes de marzo, Juan Luis Gordo, subdirector
general de Gestión Económica y Personal del Insalud, dio
a conocer la "voluntad de diálogo" de la Administración para
resolver la situación laboral del personal interino, para lo que,
además de contar con la implicación de todas las partes,
debía salvaguardarse el principio constitucional de la igualdad.
Días después, el propio
director general del Insalud, José María Bonet, ratifica
tal proyecto. A principios de mayo, un gabinete jurídico apoya
la idoneidad de una convocatoria ex- traordinaria de Oferta Pública
de Empleo, que sería factible gracias a la coincidencia con el
proceso de transferencia de la gestión asistencial del Insalud.
El 27 de junio, el Instituto presenta a los sindicatos de la Mesa Sectorial
un proyecto de Real Decreto-Ley por el que se establece el proceso extraordinario
de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario
para todo el personal temporal del Instituto. A continuación,
el 2 de agosto se hace público el texto oficial del Proyecto
de Ley para la consolidación de empleo en el Insalud.
| A principios
de mayo de 2001, un gabinete jurídico apoya la idoneidad
de una
convocatoria extraordinaria de OPE, factible gracias a la
coincidencia con el proceso de
transferencias del Insalud |
El verano fue un período
de discusión interna, especialmente para paliar en parte las
reticencias producidas por el borrador, sobre todo por el rechazo suscitado
en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
la principal organización sindical profesional, pues no consideró
viable que sólo se tuviera en cuenta los servicios prestados
en el Insalud, sino en el resto del Sistema Nacional de Salud. A mediados
de octubre, el Consejo de Ministros decide remitir al Parlamento el
Proyecto de Ley que, en principio, prevé dar estabilidad en el
empleo a más de 37.000 profesionales sanitarios del Insalud.
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Otros hechos de
la Sanidad, mes a mes
Enero
5.- La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
desmiente que existan "listas negras" de facultativos que no siguen
las pautas de prescripción preconizadas por los gestores
del Servicio Andaluz de Salud. 15.- Un estudio del Insalud revela
que, a comenzar el año, el número de médicos
por cada 100 camas hospitalarias se había situado en 46,54,
lo que supone un incremento de tres facultativos con respecto
a los registrados cuatro años antes. 17.- La Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) emplaza a la ministra
de Sanidad para que los reciba antes de un mes, ya que desde que
tomó posesión Villalobos todavía no había
mantenido contacto alguno con los representantes del principal
sindicato profesional.
Febrero
7.- El director gerente del Hospital
Puerta de Hierro, doctor Esteve Lucas,
asegura no haber recibido ninguna comunicación del Ayuntamiento
de Madrid respecto a la clausura
del centro por las irregularidades urbanísticas
detectadas en el mismo. 8.-
Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, expone
en el Parlamento
su compromiso para concluir en el ejercicio la reforma de la
Atención Primaria.
11.- El Grupo Parlamentario Socialista
(PSOE) presenta una proposición no
de ley para que se regule, de nuevo, la figura del tutor de los
MIR. 15.- La Comisión
de Cooperación de Consumo acuerda establecer una red
coordinada entre todas las Comunidades
Autónomas para el intercambio continuo
de información útil para los consumidores sobre
el mal de las "vacas
locas" (EEB). 20.-
Los representantes de la Conferencia de Decanos de las Facultades
de Medicina presentan al presidente
del Gobierno, José Mª Aznar, un plan
de movilidad para el profesorado.
21.- Se convocan elecciones entre
los médicos residentes para cubrir plazas
de vocales en las Comisiones Nacionales de Especialidades
Médicas.
26.- Médicos de prisiones
inician paros intermitentes para reclamar la atención
de la Administración hacia sus problemas.
28.- Más del 92 por ciento
de los médicos de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid secundan
el primero de los paros convocados por la "Plataforma
de los 10 minutos" para reivindicar una mejora en la calidad
de la asistencia.
Marzo
1.- Diversas
organizaciones médicas hacen público su manifiesto
para reivindicar
10 minutos de consulta mínimos por paciente en Atención
Primaria. 22.-
Estudiantes de Medicina de toda España se manifiestan en
Madrid para reclamar
un incremento del número de plazas MIR para la formación
de especialistas.
23.- La Agencia del Medicamento
aprueba la "píldora del día siguiente"
que no será financiada
por la Seguridad Social. 24.-
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud encarga
un informe sobre criterios básicos
que, en materia de recursos humanos, permitan
la coordinación dentro del propio sistema en dicho terreno.
28.- Blanca Miranda, coordinadora
nacional de transplantes, al informar sobre
las donaciones de órganos, señala que se dejan de
realizar 3.500 transplantes
por la negativa de las familias a la donación.
29.- El Insalud revela que, según
una encuesta realizada en los centros de
salud, el 95,5 por ciento de los usuarios considera que su médico
le dedica todo
el tiempo necesario.
Abril
2.- El Instituto de Salud Carlos
III y la Organización Médica Colegial
(OMC) firman un convenio marco
de colaboración en materia de formación e
investigación.
6.- El Consejo de Ministros aprueba
el estatuto del Instituto de Salud Carlos
III, al que se adscriben la Escuela Nacional de Medicina del
Trabajo y el Instituto Nacional
de Medicina y Seguridad del Trabajo. 26.-
El Congreso de los Diputados aprueba la Ley por la que se crea
la Agencia de Seguridad
Alimentaria. 27.-
El Boletín Oficial de las Cortes publica la Proposición
de Ley sobre información
en temas de salud, en la que se incluye la referencia
al testamento vital, aprobada
días antes en el Senado.
Mayo
3.- La Junta de Extremadura presenta
en la Asamblea autonómica el Plan de
Salud 2001-2004. 9.-
La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, inaugura en Barcelona
el XII Congreso
Nacional de Hospitales. 13.-
En el Congreso de Urgencias y Emergencias se defiende la educación
sanitaria y la potenciación
de la Atención Primaria, como medios para
evitar el uso inadecuado de las
urgencias hospitalarias. 25.-
Ezquerra Republicana de Cataluña presenta en el Parlamento
una proposición
no de ley para que se legalice la eutanasia activa.
Junio
1.- El Ministerio
de Sanidad revela que está trabajando en un nuevo
modelo de atención sociosanitaria
de cara a las personas mayores. 23.-
La ministra Villalobos, en la Asamblea Extraordinaria sobre el
sida, en Naciones Unidas, defiende
el acceso universal a la prevención y al
cuidado integral de los enfermos de esta patología.
27.- El Consejo de Universidades
no autoriza a los decanos de Medicina a que
apliquen el númerus clausus en sus Facultades.
30.- El Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud acuerda poner
en marcha un plan unificado de estadísticas sanitarias
para el conjunto
del sistema asistencial en toda España. Julio
3.- El Ministerio de Sanidad
y Consumo ordena la inmovilización cautelar
de los aceites de orujo por haberse
detectado en los mismos altas dosis de
benzopirenos. 7.-
En Murcia se registra un brote de legionella que provoca la alarma
entre la población ante
el gran número de afectados. 9.-
Las organizaciones colegiadas sanitarias (médicos, enfermeros,
farmacéuticos y veterinarios)
deciden abandonar la Comisión Nacional de
Formación del Sistema
Nacional de Salud, al habérseles negado la
competencia para evaluar la formación
continuada de los profesionales. 13.-
Comisiones Obreras firma como el sindicato británico UNISON
un acuerdo para
que éste asuma la defensa de los profesionales sanitarios
españoles desplazados
a trabajar al Reino Unido. 20.-
El Consejo de Ministros aprueba la creación de las categorías
de médicos
de Urgencia Hospitalaria y de Admisión y Documentación
Clínica en
el ámbito del Insalud. 21.-
A los múltiples casos de legionella registrados en Murcia,
se suman otros
en Navarra. 27.-
Con siete meses de retraso, el Gobierno da el visto bueno a la
normativa para la lucha contra
la legionelosis.
Agosto
10.- El Instituto de Salud Carlos
III crea un registro de investigadores al
servicio del Sistema Nacional de Salud. 20.-
La muerte de seis personas en tratamiento de diálisis lleva
a una investigación
sobre los posibles fallos del material utilizado para el
mismo.
Septiembre
4.- El Ministerio
de Sanidad británico inicia una primera fase de
contratación de médicos
españoles para su sistema sanitario público.
10.- El director regional de
la OMS para Europa, Marc Danzon, afirma que la
calidad del sistema sanitario español se sitúa entre
los primeros del mundo.
11.- El Parlamento de Galicia
aprueba una Ley de Colegios Profesionales que,
en principio, genera confusión al entender que liberaliza
la colegiación.
12.- La ministra de Sanidad,
Celia Villalobos, firma con la directora general
de la OMS, Gro H. Brundtland, un acuerdo marco de cooperación.
Octubre
3.- Se hacen públicos
los presupuestos para el Sistema Nacional de Salud
en el 2002 que, como característica
general, contemplan la descentralización
completa de la gestión de la asistencia sanitaria.
10.- La Plataforma en Defensa
del Modelo Mediterráneo de Farmacia, liderada
por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, presenta en
el Parlamento las
500.000 firmas de apoyo al Proyecto de Ley de Iniciativa
Popular sobre "Principios Básicos
de Ordenación del Medicamento". 11.-
La Consejería de Sanidad de Madrid presenta su Ley de Ordenación
Sanitaria, en vigor el 1 de enero
de 2002. 18.- Sanidad
informa que, en la convocatoria MIR, se ofertan 100 plazas
más que en la pasada,
con lo que el número de las sacadas a concurso
suman 5.232.
Noviembre
3.- La Fundación Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares presenta
su proyecto como nuevo centro de investigación.
8.- La CESM denuncia que España
es el país de la UE más remiso en
aplicar la directiva que establece
un máximo de 48 horas laborales a la semana,
incluidas guardias. 13.-
El Ministerio de Sanidad informa de que, en España, se
realizan al año
más de 12.000 transplantes de órganos.
22.- La Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP) difunde un comunicado,
firmado por personas de todos los ámbitos
sociales, en contra de los movimientos
de privatización del sistema asistencial.
26.- Según datos sindicales,
10.000 médicos españoles se encuentran
trabajando o ampliando su formación
fuera de España. 29.-
La Comisión de Sanidad del Congreso aprueba, a petición
de CiU, que se
adopten medidas para incrementar el número de anestesiólogos.
Diciembre
10.- El Ministerio de Sanidad asegura haber iniciado los trabajos
para la elaboración
de un Estatuto Marco del personal al servicio del Sistema
Nacional de Salud.
11.- El Patronato de la Fundación
Jiménez Díaz presenta una demanda
contra el Insalud, al que reclama
más de 7.000 millones, cuyo impago figura
entre los motivos de la crisis financiera por la que atraviesa
la institución
asistencial. 13.-
Se celebra la última Mesa Sectorial de Sanidad en la historia
del Insalud que,
entre otras decisiones, no asume la subida salarial de los
médicos reclamada por
la CESM.
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El 30 de octubre, en la Comisión
de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados se aprueba, con la abstención
del PNV, un proyecto que amplía el alcance del remitido por el Gobierno,
pues el proceso extraordinario se hace extensivo al conjunto del Sistema
Nacional de Salud, con lo que los interinos beneficiados por la medida
podrían sumar 75.000. El 23 de noviembre, entra en vigor la norma
y, desde ese momento, se trabajó a marchas forzadas en el Insalud
para hacerla realidad.
La política de ir
cerrando asuntos pendientes afectó también a los MESTOS (Médicos
Especialistas Sin Titulación Oficial), decidiendo someterles a una
evaluación, de acuerdo con lo establecido en el BOE (24 y 25 de
mayo), conforme a lo señalado por el Consejo Nacional de Especialidades
Médicas. De nuevo, se recurre a una medida extraordinaria que, de
acuerdo con las primeras previsiones, afecta a 12.000 facultativos.
Pacto Farmacéutico
A lo largo del año,
y en línea con lo aprobado por el Congreso de los Diputados,
se va fraguando lo que, al final, se presenta como Pacto Farmacéutico,
destinado a fijar unos límites en el crecimiento de la factura
en medicamentos, para lo que se habla de racionalización del
consumo y de aportación económica de las partes implicadas
en el gasto. Las negociaciones principales se llevan a cabo con Farmaindustria
que, en años anteriores, ya había firmado tres pactos
con Sanidad, el último de los cuales había sido denunciado
por los laboratorios por lo que consideraban incumplimientos permanentes
del mismo por parte del Ministerio de Sanidad.
Con la llegada de Celia Villalobos
al Ministerio y con el cambio en la cúpula de la patronal de la
industria farmacéutica, se habían reanudado los contactos
entre ambas partes para buscar una solución a los impagos generados
por la denuncia del pacto. El 8 de marzo, se alcanza un primer acuerdo
entre las partes y Farmaindustria se compromete a aportar 5.500 millones
de pesetas en el 2001, para promover la investigación científica
y técnica en los ámbitos oncológico y cardiovascular.
Asimismo, se compromete al pago de las cantidades pendientes del último
pacto.
Mientras, prosiguen las negociaciones
con las partes implicadas en la prestación farmacéutica,
especialmente con la industria y con los farmacéuticos, para concluir
el Plan Integral de Medidas de Control del Gasto Farmacéutico y
de Uso Racional del Medicamento que, de acuerdo con el mandato del Parlamento,
debería haberse concluido a mediados de junio. Aunque para tal fecha
la ministra contaba con el apoyo de los distintos estamentos, decidió
aplazar hasta septiembre la presentación del plan para evitar cerrar
todos los flecos.
En octubre, la ministra Villalobos
firma el Pacto Farmacéutico con Farmaindustria, con el Consejo General
de Farmacéuticos, con el Consejo General de Médicos y con
las Asociaciones de Consumidores. Se aboga por una potenciación
de los medicamentos genéricos y se consiguen compromisos de farmacéuticos
y laboratorios para que realicen aportaciones económicas en el caso
de que el gasto en farmacia supere el PIB nominal. De todos modos, la firma
genera rechazo en varias Comunidades Autónomas, especialmente en
Andalucía, al entender que la ministra había asumido una
representación que no le correspondía, ya que el pacto afecta
a los Servicios de Salud que no han tenido nada que ver con la negociación
y, por lo que parece, van a ver limitadas sus competencias a la hora de
fijar la política farmacéutica.
Gasto farmacéutico
El gasto en farmacia siguió
siendo una de las preocupaciones crónicas de la Administración
Sanitaria, como se pone de manifiesto en la difusión mensual
de las cifras de la factura pública en medicamentos. Aunque,
a juzgar por las declaraciones de los responsables del gasto, se advierte
un cierto optimismo sobre su evolución, sobre todo porque el
incremento a lo largo del año no supera los dos dígitos,
algo normal en ejercicios anteriores. Así, en enero, se informa
de que, como consecuencia de las medidas puestas en marcha en el año
2000, el gasto farmacéutico en dicho año subió
un 7,5 por ciento; en 1999, el crecimiento había sido del 9,8
por ciento.
De todos modos, se está
ante una realidad difícil de contener, como lo revela un estudio
que, por encargo de Farmaindustria, lleva a cabo la consultora NERA, según
la cual, para el período 2000/2004, el crecimiento del gasto farmacéutico
será del 26,7 por ciento en términos reales. De ahí
que, a la hora de pensar en medidas para contenerlo, desde la industria
se piense, incluso, en una modificación del actual modelo de copago,
algo que la Administración parece rechazar de plano, aunque lo plantee
de vez en cuando.
En el mes de abril, y después
de haber apuntado que se estaba estudiando tal posibilidad, la ministra
Villalobos aseguró que su Departamento no tenía nada previsto
en relación con un cambio en el copago de los medicamentos. Una
decisión que quedaría clara meses después cuando,
a la hora de la firma del Pacto Farmacéutico, no se exigió
nada a los usuarios/consumidores que lo firmaron.
En línea con la política
de contención del gasto en farmacia, se subrayó la potenciación
de los me- dicamentos genéricos. En junio, Sanidad informaba de
que, en seis meses, se habían autorizado más de 200 nuevas
especialidades genéricas, casi el mismo número de las registradas
en todo el año 2000. Y, en octubre, se señalaba que los genéricos
supo- nían ya el 5 por ciento del mercado, objetivo previsto para
el 2002. De todos modos, desde la Asociación Española de
Genéricos (AESEG) se denunció, en varias ocasiones, determinadas
prácticas irregulares en la sustitución de medicamentos,
lo que estaba impidiendo el desarrollo de los fármacos sin marca.
Listas de espera
Las listas de espera, que
son la principal preocupación sanitaria de los españoles
según reiteró el Defensor del Pueblo en su informe anual,
ofrecieron aspectos curiosos en 2001 pues, desde el punto de vista informativo,
presentan una especie de círculo ya que, al final del ejercicio,
se mostraron unos datos que coincidían con los que se habían
manejado en los primeros meses. En febrero, la Comisión de Sanidad
y Consumo tuvo conocimiento de que, de mayo a diciembre de 2000, la
lista de espera quirúrgica del Insalud había aumentado
en más de 6.000 personas; y, el 30 de noviembre último,
se mantenía la misma diferencia, ya que el director general del
Insalud, José Mª Bonet, aseguró que el número
de personas en tales listas era de 158.229, mientras que el 31 de mayo
de 2001 era de 152.313 personas. Lo que indica que no parece fácil
la solución del problema.
A finales del mes de febrero,
la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, presentó en el Congreso
el "Programa Avance" del Insalud, como respuesta a las listas de espera
y, en marzo, el instituto lo puso en marcha. Además, desde el Ministerio
de Sanidad se reclamó un informe técnico al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud para fijar líneas de actuación
y criterios homogéneos para hacerlas frente. Los expertos del grupo
técnico, que se demoraron más de lo previsto en la conclusión
de su trabajo, aseguraron que las listas de espera son un elemento común
a los sistemas sanitarios públicos y lo más que se puede
hacer es establecer tiempos máximos de espera y fijar incentivos
para los profesionales.
No sólo parece un
problema de difícil solución, sino que las listas de espera
se han convertido en arma arrojadiza entre los políticos. Así,
en marzo, la ministra Villalobos no dudó en criticar a los socialistas
porque, mientras que la demora media en el Insalud era de 67 días
a finales de 2000, en el Servicio Andaluz de Salud, gestionado por el PSOE,
se situaba en 129 días. De todos modos, el problema es grave pues,
según comentó en Santa Cruz de Tenerife el presidente de
la Asociación Europea de Directores de Hospitales, el danés
Asger Hansen, "no hay voluntad política por parte de las autoridades
de los distintos países europeos de dar información sobre
la situación real de las listas de espera".
Consentimiento
informado
En el año 2001 aparecieron
los primeros síntomas de un problema que, según los juristas,
puede derivar en algo grave dentro del sistema sanitario, como son las
normativas que regulan el derecho a la información de los pacientes
y sobre el que cada Autonomía tiene sus propias reglas en una
especie de deseo por ser distinta a la aprobada en el resto. Existe
interés por ver en que concluye el proyecto que está pendiente
de tramitación en el Congreso de los Diputados y que podría
poner un poco de orden en este terreno en el que, de acuerdo con las
informaciones que van surgiendo, cada día surgen más polémicas
y, sobre todo, se generan más denuncias contra los profesionales
sanitarios. Y es que, según algunos juristas, debería
contarse con una normativa básica en este terreno.
En febrero, el conseller
de Sanidad de Valencia, Serafín Castellano, avanzó que estaban
ultimando una orden para regular la conservación de las historias
clínicas. (En este punto que no existe unanimidad en la normativa
de las distintas Comunidades). En estas mismas fechas, en Cataluña,
en donde ya está vigente la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos
en relación con la salud, la Comisión de Política
Social del Parlamento aprobó una proposición no de ley por
la que se insta a la Generalidad a regular legalmente el derecho a una
segunda opinión sobre diagnóstico o tratamiento médico.
Y, en mayo, el Parlamento de Galicia aprobó su proyecto de Ley Reguladora
del Consen- timiento Informado y de la Historia Clínica de los Pacientes,
que garantiza el acceso de éstos a la información contenida
en los ficheros.
Hospitales
Militares
Por último, aun- que
la relación de puntos podría ampliarse, no debe obviarse
lo sucedido en torno a los hospitales militares, pues la Administración
ya ha dejado clara la intención de desprenderse de ellos y contar
tan sólo con un Hospital Militar Central. Se está negociando
con las Comunidades Autónomas, a fin de que se hagan cargo de
alguno de los edificios, pues el destino de éstos debe ser la
asistencia sanitaria o fines sociosanitarios. Además, y según
se reitera a cada pregunta al respecto, se debe garantizar el empleo
del personal laboral de dichos centros. Todo apunta a que será
uno de los temas de interés del presente ejercicio.
2001,
hay dos que destacan por encima de todo:
la conclusión del proceso de transferencia a las Comunidades
Autónomas de la gestión de
la asistencia sanitaria pública y la decisión
de acabar con la interinidad en el empleo
de los profesionales sanitarios al
servicio del Sistema Nacional de Salud. En el primer caso,
se hace realidad la descentralización
administrativa de dicha gestión y, en
el segundo, se busca darle solución a la precariedad
en el empleo en sanidad, por más
que, en ambos casos, todavía queden aspectos por
cerrar.