Al finalizar la guerra
civil, España contaba con un ejercito muy numeroso y una escasa red de hospitales
públicos que no podía cubrir las necesidades sanitarias de todos sus militares, lo que
propició el mantenimiento de un considerable número de establecimientos sanitarios
militares, en concreto existían 87 hospitales militares con una cifra aproximada de más
de 17.000 camas y poco personal sanitario especializado.
Paralelamente al desarrollo de la Sanidad pública, entre
1978 y 1995 la cifra de hospitales militares se fue reduciendo hasta quedar en 14, bien
por el cierre de muchos de ellos, como los de Granada, Tenerife y Valladolid, o por su
incorporación al sistema sanitario público, como es el caso de los de Barcelona, La
Coruña o Guadarrama (Madrid). En la mayoría de los países de la Unión Europea ha
ocurrido un fenómeno similar, así en Francia el número de hospitales militares se
reduce en los últimos años de 20 a 9 centros, en Italia y Alemania existen ocho en la
actualidad, mientras que el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos tan sólo disponen
de uno.
La limitada capacidad operativa, la ausencia cada vez mayor
de tecnología avanzada y la sensible caída de la demanda asistencial en dichos
hospitales, llevaron al Ministerio de Defensa a plantearse un proceso de reforma y
racionalización de la Sanidad militar que vio su plasmación inicial con la Directiva
197/1998 de 30 de Julio. Posteriormente, el "Libro Blanco de la Defensa"
recogería que la necesidad de una reestructuración de dicha Sanidad militar
"responde principalmente a la necesidad de adaptarla a la nueva realidad que suponen
las operaciones en ambiente multinacional y en escenarios alejados de nuestro
territorio" en consonancia con las tendencias observadas en los países miembros de
la OTAN y la UE.
Uno de los primeros pasos llevados a cabo por el Ministerio
de Defensa para acometer esa reforma fue la aprobación del texto refundido de la Ley de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a fin de clarificar la asistencia sanitaria que
presta el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), organismo autónomo dependiente
del Ministerio de Defensa, a sus 801.859 beneficiarios; de los que 392.149 son titulares y
409.710 jubilados, cónyuges o hijos de titulares. El Ministerio de Defensa pretende
diferenciar claramente en la reforma de la Sanidad militar la cobertura sanitaria de estas
personas de lo que es en sí la Sanidad militar.
Actualmente, el ISFAS da cobertura a sus afiliados a través
de convenio con los hospitales militares existentes, con hospitales del Insalud, de los
servicios de salud transferidos o bien con sociedades privadas. En un futuro se pretende
que estas personas sean atendidas en los hospitales militares, en aquellas ciudades donde
quedase alguno, y el resto puedan elegir entre la Seguridad Social o sociedades de
asistencia privada, tal y como ahora ocurre en MUFACE.
Uno de los fines de la
remodelación pasa
por la modernización de los centros sanitarios con
los que Defensa se quede, mejorando sus parámetros
de calidad actuales |
El 12 de diciembre de 2000 el Ministerio de Defensa comunicó
a las Cortes Generales las líneas generales de la reforma de la Sanidad militar, que
pasaba básicamente por la reducción del número de sus hospitales a seis, uno de los
cuales sería el Hospital Militar Central, ubicado en el Hospital del Aire de Madrid; la
constitución de un único Centro Militar de Farmacia y la integración en la
Subsecretaría de Defensa del Centro Militar de Veterinaria del Ejército de Tierra. Como
sintetiza el General Inspector de Sanidad, Arturo Ortiz González, "se inicia una
racionalización y modernización de la Sanidad militar al objeto de tener menos cantidad
para obtener mayor calidad".
En venta más del 50 por ciento de los
hospitales
Y es llegado a este punto cuando se desatan la polémica y las interrogantes en este
necesario e indiscutido proceso de reforma de la Sanidad militar: de los 16 centros con
que actualmente cuenta, el Ministerio de Defensa se desprenderá de más de la mitad. El
Ejército pretende ubicar en el Hospital del Aire de Madrid el futuro Hospital Central de
la Defensa, pero tras sufrir una remodelación que lo mantendrá cerrado (salvo en lo
referente a sus consultas ambulatorias) varios años, trasladándose durante ese tiempo
sus instalaciones y personal al Hospital Gómez Ulla. El resto de centros que seguirán
perteneciendo a Defensa serán los de San Fernando (Cádiz), Zaragoza, El Ferrol (La
Coruña), Cartagena (Murcia) y Valencia.
Por el contrario, serán puestos a la venta los hospitales
del Generalísimo (Madrid), la Policlínica Naval (Madrid), el Sanatorio Los Molinos
(Madrid) y los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla y
Burgos. En cuanto a los hospitales militares de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Defensa
no pretende sacarlos a la venta de momento, "dada la estructura hospitalaria precaria
con que cuentan ambas ciudades y mientras no quede asegurada una cobertura sanitaria de
calidad para ambas guarniciones militares".
Para el inspector general de Sanidad Militar, la reducción a
1.500 ó 2.000 en el número de camas no supondrá para el ejercito un recorte en la
calidad de la asistencia, sino una mejora económica y de la salud, ya que en la
actualidad se tiende a la potenciación de la Cirugía Ambulatoria y los hospitales de
día. "Con lo que se saque de la venta de esos hospitales -afirma el General Arturo
Ortiz- y de la reducción de gastos que ello conlleva, se procederá a la modernización
de los hospitales que queden, mejorando sus parámetros de calidad actuales".
Respecto a los hospitales que se pondrán a la venta, el
Ministerio de Defensa tiene previsto ofertarlos en primer lugar a las Administraciones
Públicas o, en el caso de que éstas no los quisieran o no se llegase a un acuerdo
razonable, se procedería a ofrecerlos a entidades privadas. En todo caso, el Ministerio
de Defensa pondría como condiciones indispensables que dichos centros siguieran prestando
asistencia sanitaria o sociosanitaria y que se garantizase el puesto de trabajo a todo el
personal civil de los mismos.
En diciembre de 2000 el
Ministerio de Defensa
comunicó a las Cortes Generales las líneas
fundamentales de la reforma de la Sanidad militar |
Aunque no existe una fecha tope para llevar a cabo la venta
de todos esos hospitales, el Ministerio de Defensa ha procedido en noviembre al cierre del
hospital del Generalísimo, de la policlínica Naval y del sanatorio Los Molinos,
trasladando todo su personal al Gómez Ulla. Entre febrero y junio del año 2002 se tiene
previsto hacer lo mismo con el Hospital del Aire, futuro Hospital Central de Defensa.
Hasta aquí, la reforma de la Sanidad militar parece estar
clara: la modernización de una red sanitaria en cierta medida, aunque no en todos los
casos, obsoleta y sobredimensionada que ya no responde a los objetivos que en su día la
sustentaron. Pero la polémica se abre cuando se pretende dar respuesta a tres
interrogantes: ¿Qué criterios se utilizan a la hora de mantener o desechar los
hospitales que a la Sanidad militar le sobran? ¿Qué hacer con los hospitales descartados
y con sus trabajadores? ¿Cómo hacerlo? ...
Para centrar, en cierto modo, el problema conviene analizar
unas cifras aproximadas de los hospitales que el Ministerio de Defensa pretende enajenar y
cuya mayoría de ellos mantiene conciertos con la Sanidad pública, recogidas en el Parte
Estadístico SA01 de Estadística Sanitaria de establecimientos sanitarios militares,
referidas al año 2000: disponen de 2.500 camas; atendieron más de medio millón de
consultas anuales; contaron con más de 130.000 estancias; y se realizaron más de 20.000
intervenciones quirúrgicas; en cuanto a personal, contaban el pasado año con una
plantilla de personal sanitario de casi 3.000 trabajadores, de los cuales 580 eran
médicos.
Jaime Blanco García, diputado por el PSOE y vicepresidente
de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados estima que la reforma de la red
sanitaria de defensa para acomodarla a las necesidades del ejército español actual es
necesaria, coincide con la Administración en que los hospitales sobrantes pasen a la red
sanitaria pública y acepta que en una primera fase sigan existiendo media docena de
hospitales militares, si bien en un futuro considera que la red pública existente es
suficiente para atender a todos los españoles, ya sean civiles o militares, en tiempos de
paz o de conflicto bélico, en el que las emergencias sanitarias deberían ser diseñadas
por protección civil o por un gabinete de crisis y resueltas en una única red pública.
Pero en lo que discrepa de todo este proceso es en que los hospitales que en un futuro no
se destinen al ejército sean puestos en venta, toda vez que se levantaron y se
sostuvieron con el dinero público.
Por otra parte, Jaime Blanco participa de los recelos de los
trabajadores del Hospital del Aire, futuro Hospital Central del Ejército que será
cerrado y remodelado casi por completo, que serán trasladados por un periodo de varios
años al Hospital Gómez Ulla. "Esta situación es tremendamente confusa y a muchos
nos cuesta creer que, una vez trasladado todo el personal de un hospital a otro, luego
vuelvan a regresar al Hospital del Aire; sobre todo porque no existe un plan director para
ese futuro Hospital Central, que debería estar ya plasmado y en el que quedarían fijados
aspectos tan importantes como plan de inversiones, cartera de servicios, plantillas,
etc...".
A la crítica de que esos hospitales militares sean puestos
en venta por el Ministerio de Defensa, la diputada y portavoz de Sanidad de Izquierda
Unida en el Congreso, Marina Castro Fonseca, se adhiere al afirmar que "resulta
impresentable que se puedan plantear operaciones especulativas en torno a un patrimonio
que en la mayor parte de los casos tiene un carácter finalista, es decir, que fue
concebido en su día en suelo público y para un fin sanitario". Para la diputada de
IU esto podría ser un intento del Gobierno de abrir nuevas vías a las privatizaciones,
que quizás más adelante diera lugar a otros movimientos especulativos con otros
inmuebles del patrimonio público.
Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT también se hacen
partícipes de las críticas que los partidos de la oposición hacen al proceso de venta
de los hospitales militares y de la exigencia de su traspaso a las comunidades autónomas.
Así, por ejemplo, crean en Madrid en septiembre pasado, junto al PSOE, IU y La
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, una Comisión promotora de la Iniciativa
Legislativa Popular para integrar los hospitales militares en la red sanitaria pública;
iniciativa que CC.OO. considera que está siendo boicoteada por el Partido Popular al ser
derivada por éste dicha iniciativa a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid.
Otro punto importante que queda en el aire en todo este
proceso de liquidación y venta de centros sanitarios del Ejército es el de los
conciertos que la gran mayoría de ellos mantiene con la Sanidad pública, ya sea Insalud
o Sistemas de Salud transferidos y que vienen, en parte, a aliviar las listas de espera
existentes. Actualmente, estos conciertos rigen con los hospitales militares de Madrid,
Zaragoza, Burgos, Cartagena, Las Palmas y Valencia; mientras que el suscrito con la Junta
de Andalucía desde 1994 se encuentra en período de renegociación. El General Ortiz
afirma que estos convenios van a seguir manteniéndose y, aún más, a intensificarse;
pero la posible venta de alguno de esos hospitales a entidades privadas, unido al
inminente cierre de uno de ellos en concreto (el Hospital del Aire de Madrid) es un motivo
añadido al temor de que la Sanidad pública pueda verse afectada en todo este proceso que
muchos vienen a tildar de economicista y especulativo.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ha concluido la
tasación (que el general Ortiz insiste en que sólo tiene carácter orientativo, ya que
existen otros factores a tener en cuenta) de todos sus hospitales que serán puestos a la
venta, habiéndose iniciado en octubre las negocia- ciones con las diferentes comunidades
autónomas implicadas. Negociaciones que el diputado socialista Jaime Blanco no descarta
que puedan contener "trampa", pudiéndose dar el caso de ser ofertados por una
elevada cantidad que la comunidad autónoma compradora no pudiera o estimase oportuno
desembolsar, en cuyo caso sería una entidad privada la que optase a quedarse
definitivamente con ellos.
En todo caso, las conversaciones, aunque en su recta final,
acaban de iniciarse formalmente y el hermetismo y las declaraciones de buenas intenciones
tanto por el Ministerio como por los gobiernos autónomos son la tónica dominante. En
Madrid es quizá donde la situación es más confusa: por un lado se declara en situación
de venta un Hospital, el Gómez Ulla, que durante un período indeterminado acogerá al
personal y la actividad de otros tres en venta, el Generalísimo, la policlínica Naval y
Los Molinos, así como los del futuro Hospital Central Militar, el del Aire. Mientras, el
Gobierno regional de Madrid afirma que no necesita más camas de agudos, aunque si parece
estar interesado en adquirir alguno de ellos con fines sociosanitarios, que
descongestionase los actualmente existentes; sería el Hospital del Generalísimo el que
contaría con mayores posibilidades. Las movilizaciones que desde hace ya muchos meses
mantienen los vecinos de algunos barrios de la capital, fundamentalmente de Carabanchel,
para incorporar a la red pública el Hospital Gómez Ulla, no parecen que en la actualidad
vayan a dar fruto a pesar de la ubicación de dicho hospital en una zona de Madrid carente
de un hospital de referencia cercano.
Respecto al Hospital Militar de Burgos, el Insalud en un
primer momento descartó su compra; pero la Junta de Castilla y León, con la que
actualmente negocia el Ministerio de Defensa parece estar más predispuesta a hacerse con
el mismo, aunque de momento no se ha llegado a acuerdo. Los Gobiernos autónomos de
Baleares, Andalucía y Canarias, también parecen mostrar interés por los hospitales que
les han sido ofertados.
La Sanidad privada, a la compra de
hospitales
Pero de no llegarse a un acuerdo en la compraventa de esos hospitales, el Ministerio de
Defensa ha dejado claro que intentaría venderlos a entidades privadas, algunas de las
cuales ya han manifestado a ese Ministerio su interés por alguno de ellos, como ha
reconocido el Inspector General de Sanidad Militar, aunque afirma que no ha habido de
momento conversaciones al respecto; dichos grupos empresariales privados serían
"United Surgical Partners" (USP) e "Ibérica de Diagnóstico y
Cirugía". Por otra parte, la empresa "Anderson Cancer Center" tiene
ubicado por convenio con el Ministerio de Defensa en la Policlínica Naval de Madrid el
"M.D. Anderson International España", lo que hace de ese centro sanitario
militar objetivo preferente de la multinacional norteamericana.
A estos problemas suscitados por la venta de más de la mitad
de los hospitales militares en funcionamiento, que como se ve no sólo se dedican en la
actualidad a la atención sanitaria del ejército, se suma el futuro laboral de sus
trabajadores, gran parte de los cuales son civiles.
El Ministerio de Defensa ha manifestado que en las
conversaciones con las entidades interesadas en la compra de sus hospitales regirá el
principio básico del mantenimiento de los puestos de trabajo, tanto si se transfiere a
una Administración pública como si se enajena a una entidad privada. Para ello sería
condición indispensable que el personal sanitario continuase prestando sus servicios en
ese mismo centro, mientras que el no sanitario seguiría dependiendo de la Administración
militar en otros centros de la misma localidad.
La Subsecretaría de Defensa emitía el pasado 2 de agosto
una nota informativa a todos sus centros directivos implicados en el proceso en la que
hacía constar que el Ministerio de Defensa no tiene capacidad para ofertar a todo el
personal civil sanitario un puesto de trabajo en la misma localidad, cosa que si era
posible para el no sanitario. El General Ortiz manifiesta en esta línea que "dicho
personal sanitario ha sido tenido en cuenta a la hora de efectuar la tasación de los
hospitales que serán vendidos".
Estas declaraciones de intenciones no han podido, sin
embargo, borrar la preocupación de los trabajadores, que ven cómo la comunicación entre
las juntas de personal de los centros afectados y la Administración Militar no son
fluidas y la información que llega sobre su futuro es, por tanto, escasa, dando paso a
constantes rumores, a su vez generadores de temor, lo que ha llevado a situaciones de
conflictividad laboral como los encierros iniciados en noviembre en el Hospital del
Generalísimo de Madrid, uno de los primeros en ser cerrados. En otros centros, como el
Hospital Militar de Las Palmas de Gran Canaria sus trabajadores han manifestado a la
Administración militar su exigencia a ser recolocados dentro de su departamento, "no
queremos que se negocie nuestro futuro laboral vinculándolo a operaciones mercantilistas
con el centro, a no ser que sea dentro de Defensa", manifiestan.
El caso concreto de los médicos civiles que trabajan en los
hospitales militares y que suponen alrededor de un 20 por ciento del total de facultativos
es, en líneas generales, muy similar al del resto del personal sanitario, aunque temen
también que sus salarios puedan verse mermados como consecuencia de pérdida de ingresos
tales como la docencia.
¿Médicos o militares?
En cuanto a los médicos militares la situación es, sin embargo, diferente y equiparable
al resto de militares del cuerpo de Sanidad. A la discriminación que muchos de ellos
creen sentir de tipo salarial respecto a los civiles (cobran según su graduación), se
une otra de tipo profesional respecto a sus compañeros de otros cuerpos y la falta de
representación sindical de la que, como militares, carecen. Lo cierto es que en la
circular citada anteriormente, se especifica que "cuando cese la actividad militar en
un centro hospitalario militar declarado transferible, el personal del Cuerpo Militar de
Sanidad que presta servicio en él será destinado a otras Unidades, Centros y Organismos
del Ministerio de Defensa, en aplicación de la Orden Ministerial 12093".
Los médicos militares
se adecúan en
derechos y deberes profesionales a la
graduación que poseen |
"Los médicos militares son esencialmente médicos
-afirma el General Ortiz- aunque su estatus es distinto al de los médicos civiles,
también entre ellos son diferentes ya que, por ejemplo, no son iguales los de la
Seguridad Social que los de prisiones o entidades Defensa tiene previsto ofertar a la
Administración pública los hospitales que ponga a la venta, y en su defecto, a entidades
privadas; pero, en cualquier caso, los médicos militares se ade- cúan en derechos y
deberes profesionales a la graduación que poseen".
desde el pasado año,
un proceso de reforma y racionalización de la Sanidad militar.
Las líneas generales de esta reforma pasan básicamente por la
reducción del número de sus hospitales, entre otros aspectos, que por otra parte constituye el punto más polémico de la remodelación, ya
que las dudas saltan sobre muchas cuestiones, como los criterios que se
van a utilizar a la hora de deshacerse de dichos hospitales, lo que va
a suceder con los centros descartados, y con sus trabajadores; y
en qué condiciones se va a llevar a cabo el traspaso de estos
centros.