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La Sanidad militar, ante la reforma más profunda de su historia

La limitada capacidad operativa, la ausencia, cada vez mayor, de tecnología avanzada y la sensible caída de la demanda asistencial en los hospitales militares han llevado al Ministerio de Defensa a plantearse,medimarina.jpg (43739 bytes) desde el pasado año, un proceso de reforma y racionalización de la Sanidad militar. Las líneas generales de esta reforma pasan básicamente por la reducción del número de sus hospitales, entre otros aspectos, que por otra parte constituye el punto más polémico de la remodelación, ya que las dudas saltan sobre muchas cuestiones, como los criterios que se van a utilizar a la hora de deshacerse de dichos hospitales, lo que va a suceder con los centros descartados, y con sus trabajadores; y en qué condiciones se va a llevar a cabo el traspaso de estos centros. 

Luis C. Vaquero Cemborain

Al finalizar la guerra civil, España contaba con un ejercito muy numeroso y una escasa red de hospitales públicos que no podía cubrir las necesidades sanitarias de todos sus militares, lo que propició el mantenimiento de un considerable número de establecimientos sanitarios militares, en concreto existían 87 hospitales militares con una cifra aproximada de más de 17.000 camas y poco personal sanitario especializado.

Paralelamente al desarrollo de la Sanidad pública, entre 1978 y 1995 la cifra de hospitales militares se fue reduciendo hasta quedar en 14, bien por el cierre de muchos de ellos, como los de Granada, Tenerife y Valladolid, o por su incorporación al sistema sanitario público, como es el caso de los de Barcelona, La Coruña o Guadarrama (Madrid). En la mayoría de los países de la Unión Europea ha ocurrido un fenómeno similar, así en Francia el número de hospitales militares se reduce en los últimos años de 20 a 9 centros, en Italia y Alemania existen ocho en la actualidad, mientras que el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos tan sólo disponen de uno.

La limitada capacidad operativa, la ausencia cada vez mayor de tecnología avanzada y la sensible caída de la demanda asistencial en dichos hospitales, llevaron al Ministerio de Defensa a plantearse un proceso de reforma y racionalización de la Sanidad militar que vio su plasmación inicial con la Directiva 197/1998 de 30 de Julio. Posteriormente, el "Libro Blanco de la Defensa" recogería que la necesidad de una reestructuración de dicha Sanidad militar "responde principalmente a la necesidad de adaptarla a la nueva realidad que suponen las operaciones en ambiente multinacional y en escenarios alejados de nuestro territorio" en consonancia con las tendencias observadas en los países miembros de la OTAN y la UE.

Uno de los primeros pasos llevados a cabo por el Ministerio de Defensa para acometer esa reforma fue la aprobación del texto refundido de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a fin de clarificar la asistencia sanitaria que presta el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, a sus 801.859 beneficiarios; de los que 392.149 son titulares y 409.710 jubilados, cónyuges o hijos de titulares. El Ministerio de Defensa pretende diferenciar claramente en la reforma de la Sanidad militar la cobertura sanitaria de estas personas de lo que es en sí la Sanidad militar.

Actualmente, el ISFAS da cobertura a sus afiliados a través de convenio con los hospitales militares existentes, con hospitales del Insalud, de los servicios de salud transferidos o bien con sociedades privadas. En un futuro se pretende que estas personas sean atendidas en los hospitales militares, en aquellas ciudades donde quedase alguno, y el resto puedan elegir entre la Seguridad Social o sociedades de asistencia privada, tal y como ahora ocurre en MUFACE. 

Uno de los fines de la remodelación pasa
por la modernización de los centros sanitarios con
los que Defensa se quede, mejorando sus parámetros
de calidad actuales 

El 12 de diciembre de 2000 el Ministerio de Defensa comunicó a las Cortes Generales las líneas generales de la reforma de la Sanidad militar, que pasaba básicamente por la reducción del número de sus hospitales a seis, uno de los cuales sería el Hospital Militar Central, ubicado en el Hospital del Aire de Madrid; la constitución de un único Centro Militar de Farmacia y la integración en la Subsecretaría de Defensa del Centro Militar de Veterinaria del Ejército de Tierra. Como sintetiza el General Inspector de Sanidad, Arturo Ortiz González, "se inicia una racionalización y modernización de la Sanidad militar al objeto de tener menos cantidad para obtener mayor calidad". 

En venta más del 50 por ciento de los hospitales

Y es llegado a este punto cuando se desatan la polémica y las interrogantes en este necesario e indiscutido proceso de reforma de la Sanidad militar: de los 16 centros con que actualmente cuenta, el Ministerio de Defensa se desprenderá de más de la mitad. El Ejército pretende ubicar en el Hospital del Aire de Madrid el futuro Hospital Central de la Defensa, pero tras sufrir una remodelación que lo mantendrá cerrado (salvo en lo referente a sus consultas ambulatorias) varios años, trasladándose durante ese tiempo sus instalaciones y personal al Hospital Gómez Ulla. El resto de centros que seguirán perteneciendo a Defensa serán los de San Fernando (Cádiz), Zaragoza, El Ferrol (La Coruña), Cartagena (Murcia) y Valencia. 

Por el contrario, serán puestos a la venta los hospitales del Generalísimo (Madrid), la Policlínica Naval (Madrid), el Sanatorio Los Molinos (Madrid) y los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla y Burgos. En cuanto a los hospitales militares de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Defensa no pretende sacarlos a la venta de momento, "dada la estructura hospitalaria precaria con que cuentan ambas ciudades y mientras no quede asegurada una cobertura sanitaria de calidad para ambas guarniciones militares".

Para el inspector general de Sanidad Militar, la reducción a 1.500 ó 2.000 en el número de camas no supondrá para el ejercito un recorte en la calidad de la asistencia, sino una mejora económica y de la salud, ya que en la actualidad se tiende a la potenciación de la Cirugía Ambulatoria y los hospitales de día. "Con lo que se saque de la venta de esos hospitales -afirma el General Arturo Ortiz- y de la reducción de gastos que ello conlleva, se procederá a la modernización de los hospitales que queden, mejorando sus parámetros de calidad actuales".

Respecto a los hospitales que se pondrán a la venta, el Ministerio de Defensa tiene previsto ofertarlos en primer lugar a las Administraciones Públicas o, en el caso de que éstas no los quisieran o no se llegase a un acuerdo razonable, se procedería a ofrecerlos a entidades privadas. En todo caso, el Ministerio de Defensa pondría como condiciones indispensables que dichos centros siguieran prestando asistencia sanitaria o sociosanitaria y que se garantizase el puesto de trabajo a todo el personal civil de los mismos.

En diciembre de 2000 el Ministerio de Defensa
comunicó a las Cortes Generales las líneas
fundamentales de la reforma de la Sanidad militar 

Aunque no existe una fecha tope para llevar a cabo la venta de todos esos hospitales, el Ministerio de Defensa ha procedido en noviembre al cierre del hospital del Generalísimo, de la policlínica Naval y del sanatorio Los Molinos, trasladando todo su personal al Gómez Ulla. Entre febrero y junio del año 2002 se tiene previsto hacer lo mismo con el Hospital del Aire, futuro Hospital Central de Defensa.

Hasta aquí, la reforma de la Sanidad militar parece estar clara: la modernización de una red sanitaria en cierta medida, aunque no en todos los casos, obsoleta y sobredimensionada que ya no responde a los objetivos que en su día la sustentaron. Pero la polémica se abre cuando se pretende dar respuesta a tres interrogantes: ¿Qué criterios se utilizan a la hora de mantener o desechar los hospitales que a la Sanidad militar le sobran? ¿Qué hacer con los hospitales descartados y con sus trabajadores? ¿Cómo hacerlo? ... 

Para centrar, en cierto modo, el problema conviene analizar unas cifras aproximadas de los hospitales que el Ministerio de Defensa pretende enajenar y cuya mayoría de ellos mantiene conciertos con la Sanidad pública, recogidas en el Parte Estadístico SA01 de Estadística Sanitaria de establecimientos sanitarios militares, referidas al año 2000: disponen de 2.500 camas; atendieron más de medio millón de consultas anuales; contaron con más de 130.000 estancias; y se realizaron más de 20.000 intervenciones quirúrgicas; en cuanto a personal, contaban el pasado año con una plantilla de personal sanitario de casi 3.000 trabajadores, de los cuales 580 eran médicos.

Jaime Blanco García, diputado por el PSOE y vicepresidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados estima que la reforma de la red sanitaria de defensa para acomodarla a las necesidades del ejército español actual es necesaria, coincide con la Administración en que los hospitales sobrantes pasen a la red sanitaria pública y acepta que en una primera fase sigan existiendo media docena de hospitales militares, si bien en un futuro considera que la red pública existente es suficiente para atender a todos los españoles, ya sean civiles o militares, en tiempos de paz o de conflicto bélico, en el que las emergencias sanitarias deberían ser diseñadas por protección civil o por un gabinete de crisis y resueltas en una única red pública. Pero en lo que discrepa de todo este proceso es en que los hospitales que en un futuro no se destinen al ejército sean puestos en venta, toda vez que se levantaron y se sostuvieron con el dinero público.

Por otra parte, Jaime Blanco participa de los recelos de los trabajadores del Hospital del Aire, futuro Hospital Central del Ejército que será cerrado y remodelado casi por completo, que serán trasladados por un periodo de varios años al Hospital Gómez Ulla. "Esta situación es tremendamente confusa y a muchos nos cuesta creer que, una vez trasladado todo el personal de un hospital a otro, luego vuelvan a regresar al Hospital del Aire; sobre todo porque no existe un plan director para ese futuro Hospital Central, que debería estar ya plasmado y en el que quedarían fijados aspectos tan importantes como plan de inversiones, cartera de servicios, plantillas, etc...". 

A la crítica de que esos hospitales militares sean puestos en venta por el Ministerio de Defensa, la diputada y portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en el Congreso, Marina Castro Fonseca, se adhiere al afirmar que "resulta impresentable que se puedan plantear operaciones especulativas en torno a un patrimonio que en la mayor parte de los casos tiene un carácter finalista, es decir, que fue concebido en su día en suelo público y para un fin sanitario". Para la diputada de IU esto podría ser un intento del Gobierno de abrir nuevas vías a las privatizaciones, que quizás más adelante diera lugar a otros movimientos especulativos con otros inmuebles del patrimonio público. 

Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT también se hacen partícipes de las críticas que los partidos de la oposición hacen al proceso de venta de los hospitales militares y de la exigencia de su traspaso a las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, crean en Madrid en septiembre pasado, junto al PSOE, IU y La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, una Comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para integrar los hospitales militares en la red sanitaria pública; iniciativa que CC.OO. considera que está siendo boicoteada por el Partido Popular al ser derivada por éste dicha iniciativa a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid.

Otro punto importante que queda en el aire en todo este proceso de liquidación y venta de centros sanitarios del Ejército es el de los conciertos que la gran mayoría de ellos mantiene con la Sanidad pública, ya sea Insalud o Sistemas de Salud transferidos y que vienen, en parte, a aliviar las listas de espera existentes. Actualmente, estos conciertos rigen con los hospitales militares de Madrid, Zaragoza, Burgos, Cartagena, Las Palmas y Valencia; mientras que el suscrito con la Junta de Andalucía desde 1994 se encuentra en período de renegociación. El General Ortiz afirma que estos convenios van a seguir manteniéndose y, aún más, a intensificarse; pero la posible venta de alguno de esos hospitales a entidades privadas, unido al inminente cierre de uno de ellos en concreto (el Hospital del Aire de Madrid) es un motivo añadido al temor de que la Sanidad pública pueda verse afectada en todo este proceso que muchos vienen a tildar de economicista y especulativo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha concluido la tasación (que el general Ortiz insiste en que sólo tiene carácter orientativo, ya que existen otros factores a tener en cuenta) de todos sus hospitales que serán puestos a la venta, habiéndose iniciado en octubre las negocia- ciones con las diferentes comunidades autónomas implicadas. Negociaciones que el diputado socialista Jaime Blanco no descarta que puedan contener "trampa", pudiéndose dar el caso de ser ofertados por una elevada cantidad que la comunidad autónoma compradora no pudiera o estimase oportuno desembolsar, en cuyo caso sería una entidad privada la que optase a quedarse definitivamente con ellos.

En todo caso, las conversaciones, aunque en su recta final, acaban de iniciarse formalmente y el hermetismo y las declaraciones de buenas intenciones tanto por el Ministerio como por los gobiernos autónomos son la tónica dominante. En Madrid es quizá donde la situación es más confusa: por un lado se declara en situación de venta un Hospital, el Gómez Ulla, que durante un período indeterminado acogerá al personal y la actividad de otros tres en venta, el Generalísimo, la policlínica Naval y Los Molinos, así como los del futuro Hospital Central Militar, el del Aire. Mientras, el Gobierno regional de Madrid afirma que no necesita más camas de agudos, aunque si parece estar interesado en adquirir alguno de ellos con fines sociosanitarios, que descongestionase los actualmente existentes; sería el Hospital del Generalísimo el que contaría con mayores posibilidades. Las movilizaciones que desde hace ya muchos meses mantienen los vecinos de algunos barrios de la capital, fundamentalmente de Carabanchel, para incorporar a la red pública el Hospital Gómez Ulla, no parecen que en la actualidad vayan a dar fruto a pesar de la ubicación de dicho hospital en una zona de Madrid carente de un hospital de referencia cercano. 

Respecto al Hospital Militar de Burgos, el Insalud en un primer momento descartó su compra; pero la Junta de Castilla y León, con la que actualmente negocia el Ministerio de Defensa parece estar más predispuesta a hacerse con el mismo, aunque de momento no se ha llegado a acuerdo. Los Gobiernos autónomos de Baleares, Andalucía y Canarias, también parecen mostrar interés por los hospitales que les han sido ofertados. 

La Sanidad privada, a la compra de hospitales

Pero de no llegarse a un acuerdo en la compraventa de esos hospitales, el Ministerio de Defensa ha dejado claro que intentaría venderlos a entidades privadas, algunas de las cuales ya han manifestado a ese Ministerio su interés por alguno de ellos, como ha reconocido el Inspector General de Sanidad Militar, aunque afirma que no ha habido de momento conversaciones al respecto; dichos grupos empresariales privados serían "United Surgical Partners" (USP) e "Ibérica de Diagnóstico y Cirugía". Por otra parte, la empresa "Anderson Cancer Center" tiene ubicado por convenio con el Ministerio de Defensa en la Policlínica Naval de Madrid el "M.D. Anderson International España", lo que hace de ese centro sanitario militar objetivo preferente de la multinacional norteamericana.

A estos problemas suscitados por la venta de más de la mitad de los hospitales militares en funcionamiento, que como se ve no sólo se dedican en la actualidad a la atención sanitaria del ejército, se suma el futuro laboral de sus trabajadores, gran parte de los cuales son civiles. 

El Ministerio de Defensa ha manifestado que en las conversaciones con las entidades interesadas en la compra de sus hospitales regirá el principio básico del mantenimiento de los puestos de trabajo, tanto si se transfiere a una Administración pública como si se enajena a una entidad privada. Para ello sería condición indispensable que el personal sanitario continuase prestando sus servicios en ese mismo centro, mientras que el no sanitario seguiría dependiendo de la Administración militar en otros centros de la misma localidad. 

La Subsecretaría de Defensa emitía el pasado 2 de agosto una nota informativa a todos sus centros directivos implicados en el proceso en la que hacía constar que el Ministerio de Defensa no tiene capacidad para ofertar a todo el personal civil sanitario un puesto de trabajo en la misma localidad, cosa que si era posible para el no sanitario. El General Ortiz manifiesta en esta línea que "dicho personal sanitario ha sido tenido en cuenta a la hora de efectuar la tasación de los hospitales que serán vendidos".

Estas declaraciones de intenciones no han podido, sin embargo, borrar la preocupación de los trabajadores, que ven cómo la comunicación entre las juntas de personal de los centros afectados y la Administración Militar no son fluidas y la información que llega sobre su futuro es, por tanto, escasa, dando paso a constantes rumores, a su vez generadores de temor, lo que ha llevado a situaciones de conflictividad laboral como los encierros iniciados en noviembre en el Hospital del Generalísimo de Madrid, uno de los primeros en ser cerrados. En otros centros, como el Hospital Militar de Las Palmas de Gran Canaria sus trabajadores han manifestado a la Administración militar su exigencia a ser recolocados dentro de su departamento, "no queremos que se negocie nuestro futuro laboral vinculándolo a operaciones mercantilistas con el centro, a no ser que sea dentro de Defensa", manifiestan.

El caso concreto de los médicos civiles que trabajan en los hospitales militares y que suponen alrededor de un 20 por ciento del total de facultativos es, en líneas generales, muy similar al del resto del personal sanitario, aunque temen también que sus salarios puedan verse mermados como consecuencia de pérdida de ingresos tales como la docencia. 

¿Médicos o militares?

En cuanto a los médicos militares la situación es, sin embargo, diferente y equiparable al resto de militares del cuerpo de Sanidad. A la discriminación que muchos de ellos creen sentir de tipo salarial respecto a los civiles (cobran según su graduación), se une otra de tipo profesional respecto a sus compañeros de otros cuerpos y la falta de representación sindical de la que, como militares, carecen. Lo cierto es que en la circular citada anteriormente, se especifica que "cuando cese la actividad militar en un centro hospitalario militar declarado transferible, el personal del Cuerpo Militar de Sanidad que presta servicio en él será destinado a otras Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa, en aplicación de la Orden Ministerial 12093".

Los médicos militares se adecúan en
derechos y deberes profesionales a la
graduación que poseen 

"Los médicos militares son esencialmente médicos -afirma el General Ortiz- aunque su estatus es distinto al de los médicos civiles, también entre ellos son diferentes ya que, por ejemplo, no son iguales los de la Seguridad Social que los de prisiones o entidades Defensa tiene previsto ofertar a la Administración pública los hospitales que ponga a la venta, y en su defecto, a entidades privadas; pero, en cualquier caso, los médicos militares se ade- cúan en derechos y deberes profesionales a la graduación que poseen".

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