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  • Domingo, 30 de Abril de 2017

Propuestas para un nuevo modelo de financiación de la Sanidad pública

Propuestas para un nuevo modelo de financiación de la Sanidad pública

El modelo de financiación es fundamental para garantizar la calidad y sostenibilidad sistema sanitario público, especialmente en un sistema donde las competencias sanitarias han sido transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.). En segundo lugar estaría la política del Gobierno de Rajoy de reducir el gasto sanitario público (20 por ciento desde 2009) a pesar de que la crisis ha incrementado los niveles de enfermedad y reducido la recaudación fiscal. Entre 2007 y 2013 la caída de recaudación fue de 46.851 millones de euros (3,4 por ciento del PIB). Las CC.AA. han sido las Administraciones públicas que han soportado  el mayor recorte de gasto social (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que descendió del 62,8 por ciento en 2013 al 59,7 por ciento en 2014 (Estabilidad Presupuestaria).

En tercer lugar estaría la estrategia de desmantelamiento y privatización sanitaria: La desviación de gasto público al sector privado (creció un 52 por ciento en los últimos 10 años); la utilización de la colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar nuevos centros (ha multiplicado 7 veces su coste real); el aumento de la concertación con el sector privado (creció un 42 por ciento desde 2009 ); las externalizaciones de los servicios de apoyo (Sistema de Información Sanitaria, Centrales de Llamadas, Servicios de Logística, laboratorios centrales de los hospitales, servicios de diagnóstico por imagen, etc.), que han disparado los gastos por actividades que se realizaban con recursos propios. En cuarto lugar, el crecimiento disparatado del gasto farmacéutico (financiación de nuevos fármacos de elevado precio);  de la compra de equipamiento tecnológico (RNM, TAC, etc.); y la medicalización y el consumismo sanitario de la población.

El Modelo de Financiación Sanitaria: la historia de un desastre

Antes del año 2001 el sistema se financiaba con fondos específicos que se repartían de acuerdo al porcentaje de población de cada Comunidad. A partir de ese año la Sanidad se integró en la financiación general y pasó a financiarse mediante el 30 por ciento del IRPF y el 35 por ciento del IVA recaudado en cada Comunidad); Impuestos Especiales transferidos por el Estado (40 por ciento por ventas de alcohol, tabaco y céntimo sanitario) y por impuestos cedidos previamente a las CC.AA. (patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, e impuestos de trasmisiones patrimoniales). También se modificó la forma de reparto en base a la población mayor  de 65 años (24,5 por ciento de total) y la insularidad (0,5 por ciento).

El cambio de modelo se justificó en la necesidad de aumentar la transparencia, la suficiencia y la corresponsabilidad fiscal de las CC.AA. Sin embargo no se alcanzaron ninguno de estos objetivos: El sistema se volvió mucho más opaco y enrevesado, hubo que inyectar nuevos fondos estatales para evitar su quiebra,  y la rigidez del modelo fiscal impidió hace que CC.AA. pudieran modificar los impuestos cedidos (incluso algunas CC.AA. eliminaron o redujeron algunos de los impuestos como los de Sucesiones o Capital para captar inversiones).

Además el nuevo modelo a) No contemplaba indicadores de necesidades de salud ni los principales determinantes de gasto (farmacia y tecnología) para establecer el gasto sanitario y su distribución; b) Al perder  la financiación sanitaria su carácter finalista (supone entre el 30 y el 40 por ciento del gasto público autonómico) se  favoreció que una parte del mismo se destinara a fines no sanitarios; c) La financiación mediante impuestos indirectos (que gravan el consumo y la actividad económica) hizo que la Sanidad perdiera su carácter redistributivo.

En 2005 se parchea el modelo repartiendo más dinero para pagar a proveedores y contener el malestar de los gobiernos autonómicos

Cuatro años después se puso en marcha otro nuevo modelo (Ley 22/2009) que incrementó el porcentaje del IRPF y del IVA para la financiación autonómica (hasta alcanzar el 50% en ambos casos) y los impuestos al alcohol y el tabaco (pasaron del 40 al 58 por ciento). Aunque se incrementó un 10 por ciento la financiación autonómica, se mantuvieron los problemas estructurales  del mismo.

Para reducir las insuficiencias y desigualdades se crearon una serie de fondos: Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, destinado a que las comunidades ofrezcan un nivel similar; el  Fondo de Suficiencia Global, para evitar que algunas autonomías pierdan fondos; y los fondos de Competitividad y Compensación (3,5 por ciento del total). El modelo además de difícil de entender mantuvo la insuficiencia del gasto, no redujo las diferencias entre  las CC.AA.(445 euros entra la que más y menos recibe)  mantuvo las  tensiones entre ellas.

Aunque debería haberse modificado en 2014, fue paralizado por Rajoy alegando la necesidad de mantener la Estabilidad Presupuestaria. El pasado 17 de enero la Conferencia de Presidentes acordó crear una Comisión de Expertos para elaborar otro Nuevo Modelo de Financiación Autonómica, antes de finalizar el año.

Desde la FADSP proponemos una serie de medidas para la financiación sanitaria:

  1. Garantizar la suficiencia financiera y la equidad, para lo que habría que incrementar los impuestos a los sectores económicamente más poderosos (que apenas pagan).
  2. Modificar el sistema para que no descanse en impuestos indirectos , que incrementan la desigualdad y afectan al modelo de una sanidad redistributiva, y obligar a todas las CC.AA. a recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.
  3. Devolver el carácter finalista de la financiación sanitaria, obligar a las CC.AA. a destinar a la misma un montante similar y combatir el dumping social de algunas de ellas que reducen impuestos a las empresas y capitales para conseguir nuevas inversiones.
  4. Dar transparencia al sistema, simplificando el sistema de cálculo y eliminando los actuales fondos de garantía o sostenibilidad. Crear una partida económica específica en los Presupuestos del Estado destinada a compensar las diferencias de financiación.
  5. Utilizar para el cálculo del gasto sanitario indicadores de necesidades de salud: Enfermedades prevalentes, mortalidad, discapacidad, determinantes medioambientales y diferencias de recursos sanitarios.
  6. Racionalizar el gasto priorizando la promoción, la prevención, la atención Primaria, la asistencia basada en la evidencia científica (protocolos, guías clínicas, vías clínicas) y el enfoque integral de los  procesos asistenciales
  7. Controlar el crecimiento irracional del gasto farmacéutico que alcanza la astronómica cifra de 17.000 millones de euros (2º lugar mundial) que sigue aumentando (8 por ciento en farmacia y 26 por ciento en hospitales), controlado a laboratorios (marketing) , los prescriptores (racionalización de las decisiones) y la población (información contra la medicalización)
  8. Crea una Agencia Estatal para evaluar y controlar las nuevas tecnologías antes de introducirlas en el sistema.
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